El Deliberante capitalino aprobó este jueves la Ordenanza que habilita a la cooperativa CALF a cobrar a sus socios, en 96 cuotas, una cuantiosa deuda que la concesionaria del servicio eléctrico contrajo con el administrador del mercado, CAMMESA. Así, cada usuario debe pagar un mínimo de 2.076 pesos mensuales -según la categoría, esta suma puede ascender a casi 150 mil-, más lo que corresponde al consumo propiamente dicho; la suma, además, Puede actualizarse a medida que varían los costos del intrincado sistema que combina varios factores, que van desde el costo de producción de energía hasta el salario que gana cada trabajador de la cooperativa.
La norma jurídica municipal avalada por la mayoría de los concejales se redactó a partir de un convenio firmado por CALF con la Secretaría de Energía de la Nación con el fin de regularizar las deudas generadas. Además, se tuvo que celebrar otro acuerdo complementario con CAMMESA para establecer este plan de pagos, al que se le aplicó una reducción del 40% y financiación al 50% del tipo de interés en el mercado eléctrico. “entre otras condiciones favorables en el marco de una economía nacional de futuro incierto”, se esmeró en comunicar el Deliberante en el correspondiente comunicado de prensa.
En el Contrato de Concesión y su reglamento modificatorio, establecido entre el Municipio regido por Mariano Gaido y la cooperativa, se había establecido que los aumentos en el costo de suministro y distribución que se pudieran generar podrían trasladarse a la tarifa. En este caso, se utilizó el concepto de aplicar una suma fija por categoría de usuario. Esta suma surge de prorratear el compromiso de pago de la deuda a todos y cada uno de los socios de la entidad que presta el servicio.
La deuda que contrajo CALF con CAMMESA fue atribuida, sin mayor dramatismo, a los atrasos tarifarios generados por el propio poder concedente (el Municipio). que no permitió actualizar la tarifa en tiempo y forma, en un largo período de tiempo que comenzó en 2016, pero con efectos dramáticos a partir de 2020, en plena pandemia de Coronavirus, cuando la economía general del país quedó prácticamente congelada por decisiones del gobierno nacional de Alberto Fernández.
Esta atribución directa de una deuda a cada uno de los socios es nueva en Neuquén, y la metodología elegida ha sido criticada, particularmente por pequeños y medianos comerciantes, que ya venían quejándose del alto costo tarifario del servicio eléctrico en la capital neuquina.
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