En un marcado repudio a los argumentos legales de Donald Trump, un tribunal federal de apelaciones permitió el miércoles que el Departamento de Justicia reanudara el uso de registros clasificados incautados del patrimonio del expresidente en Florida como parte de su investigación criminal en curso.
El fallo de un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito de los EE. UU. equivale a una victoria abrumadora para el Departamento de Justicia, y allana el camino para que los investigadores continúen examinando los documentos mientras evalúan si presentar cargos penales por el almacenamiento de de registros de alto secreto en Mar-a-Lago después de que Trump dejó la Casa Blanca.
El tribunal también señaló deliberadamente que Trump no había presentado evidencia de que hubiera desclasificado los registros confidenciales, como ha sostenido repetidamente, y rechazó la posibilidad de que Trump pudiera tener un “interés individual o necesidad de” los aproximadamente 100 documentos marcados como clasificados.
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El gobierno había argumentado que su investigación se había visto obstaculizada por una orden de la juez federal de distrito Aileen Cannon que impedía temporalmente que los investigadores siguieran utilizando los documentos en su pesquisa. Cannon, una persona designada por Trump, había dicho que la retención permanecería en vigor hasta que un árbitro independiente que ella había designado a pedido del equipo de Trump la revisara por separado.
El panel de apelaciones estuvo de acuerdo con las preocupaciones del Departamento de Justicia.
«Es evidente que el público tiene un gran interés en garantizar que el almacenamiento de los registros clasificados no resulte en un ‘daño excepcionalmente grave para la seguridad nacional'», escribieron. “Verificar eso”, agregaron, “implica necesariamente revisar los documentos, determinar quién tuvo acceso a ellos y cuándo, y decidir qué fuentes o métodos (si los hay) están comprometidos”.
Una orden judicial que retrasó o impidió que la investigación penal “usara materiales clasificados corre el riesgo de imponer un daño real y significativo a los Estados Unidos y al público”.
Dos de los tres jueces que emitieron el fallo del miércoles, Britt Grant y Andrew Brasher, fueron nominados para el 11° Circuito por Trump. El juez Robin Rosenbaum fue nominado por el ex presidente Barack Obama.
El mes pasado, el FBI incautó aproximadamente 11,000 documentos, incluidos unos 100 con marcas de clasificación, durante una búsqueda autorizada por la corte en el club de Palm Beach. Ha iniciado una investigación criminal sobre si los registros fueron mal manejados o comprometidos. No está claro si Trump o cualquier otra persona será acusada.
Cannon dictaminó el 5 de septiembre que nombraría un árbitro independiente, o perito especial, para realizar una revisión independiente de esos registros y segregar cualquiera que pueda estar cubierto por reclamos de privilegio abogado-cliente o privilegio ejecutivo y determinar si alguno de los los materiales deben ser devueltos a Trump. Raymond Dearie, ex juez principal de la corte federal con sede en Brooklyn, ha sido nombrado para el cargo.
El Departamento de Justicia había argumentado que no era necesaria una revisión maestra especial de los documentos clasificados. Dijo que Trump, como expresidente, no podía invocar el privilegio ejecutivo sobre los documentos, ni podían estar cubiertos por el privilegio abogado-cliente porque no involucran comunicaciones entre Trump y sus abogados.
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Los abogados de Trump argumentaron que una revisión independiente de los registros era esencial dada la naturaleza sin precedentes de la investigación. Los abogados también dijeron que el departamento aún no había probado que los documentos incautados fueran clasificados, aunque en particular no llegaron a afirmar, como Trump lo ha hecho repetidamente, que los registros fueron previamente desclasificados.
Se han resistido a brindarle a Dearie su posición sobre esa pregunta, lo que indica que el tema podría ser parte de su defensa en caso de una acusación.
Pero la corte de apelaciones pareció burlarse de ese argumento.
“El demandante sugiere que pudo haber desclasificado estos documentos cuando era presidente. Pero el registro no contiene evidencia de que alguno de estos registros haya sido desclasificado”, escribieron. “En cualquier caso, al menos para estos fines, el argumento de la desclasificación es una pista falsa porque desclasificar un documento oficial no cambiaría su contenido ni lo haría personal”.
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