El Consejo de Ministros aprueba este lunes el anteproyecto de ley de información clasificada, que establece que los documentos estarán bajo llave entre cuatro y 50 años, en función de su grado de protección | La Autoridad Nacional, encargada de velar por el cumplimiento de la normativa, estará ubicada en el Ministerio de la Presidencia, y ya no en el CNI, adscrito a Defensa
España da un paso más para derogar una ley heredada de franquismo. El Gobierno aprueba este lunes, en el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones de verano, la proyecto de ley de información clasificadala nueva norma que sustituirá a la Ley de Secretos Oficiales de 1968 y que impondrá un plazo de 50 años desde el cual la información más sensible y más protegida será accesible públicamente. El texto fijará un tiempo mínimo de reserva de cuatro años y también hará que el peso de la facultad de clasificar y desclasificar documentos oscile entre defendiendohoy dirigida por Margarita Robles, hacia un ministerio «más cruz“, el de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, pilotado por Félix Bolaños, mano derecha absoluta del presidente. Un departamento que ganará recursos para asumir esta tarea y que, por tanto, saldrá fortalecido.
Pedro Sánchez preside este 1 de agosto la última reunión ordinaria de su Gabinete justo después de regresar de su gira por los Balcanes. Ya había adelantado que el Ejecutivo aprobaría un plan de ahorro y eficiencia energética —que limitará la temperatura en comercios, hoteles o industrias a 27 grados en verano y 19 en invierno— y un real decreto ley para mejorar la prevención y extinción de incendios. Pero también verá la luz, en primera lectura, la ley de información clasificada, a la que se comprometió con el PNV al inicio de la legislatura, que se incorporó al Plan Regulador Anual (PAN) de 2022 y que se aceleró tras estallar el caso Pegaso. El jefe del Ejecutivo prometió a los nacionalistas vascos, durante el debate sobre el estado de la nación, que el texto saldría de los fogones de la Moncloa en julio y confirmó a los periodistas que viajan con él por los países balcánicos que finalmente se discutirá en este consejo de ministros.
Se establecen cuatro categorías de protección, “de acuerdo con las reglas comunes de los socios de la UE y la OTAN” (ultrasecreta, secreta, confidencial y restringida) frente a las dos existentes
Lo que pretende el Gobierno es adaptar la legislación en el tratamiento de la información reservada tanto a la orden constitucional —porque la actual ley de secretos oficiales de 1968 fue simplemente retocada en 1978, dos meses antes de la aprobación de la Carta Magna— como las “normas que se manejan tanto dentro de la Unión Europea como en la OTAN”. El principal objetivo, en definitiva, es cambiar una normativa franquista que permite que los documentos protegidos permanezcan ocultos para siempre por otra que impone ciertas plazos máximos ser de dominio público. Algo que no solo reclaman los grupos de oposición, especialmente el PNV, que ha hecho de este asunto un caballo de batalla desde al menos 2016, sino también historiadores e investigadores. Sánchez da por hecho que la ley»se sentará biena los grupos, aunque está abierto a cambios durante la tramitación.
El texto establece cuatro categorías protección de documentos «de acuerdo con los estándares comunes de la UE y los socios de la OTAN»: ultra secreto, secreto, confidencial Y restringido. Dependiendo de cada categoría, según fuentes gubernamentales, los plazos de desclasificación van desde cuatro años —para los archivos menos comprometidos— a la medio siglo (la más sensible), «poder ser extendido en algunos casos”. El PNV proponía un rango menor: entre 10 y 25 años. La ley de 1968 sólo fijaba dos…
