MIAMI.- El oposición venezolana presentó una resolución a la Internacional Democrática de Centro (IDC) en el que condena la inhabilitación política del líder opositor María Corina Machado y se requiere el cumplimiento del acuerdo de Barbados, que establece las condiciones electorales para las elecciones presidenciales previstas para 28 de julio de este año.
El documento, que contó con la aprobación de más de 100 partidos políticos en el mundofue llevado ante el órgano democrático por Julio Borges, líder nacional del partido Primero Justicia (PJ). “Nuestra petición se centró en las condiciones electorales, autorización de María Corina Machado y libertad de los presos políticos”, señaló en un comunicado de prensa.
La resolución, a través de la cual se expresa la preocupación del organismo defensor de los valores democráticos, rechaza “enérgicamente” la decisión del régimen de nicolás maduro descalificar a Machado, candidato opositor electo con más del 90% de los votos en las elecciones primarias del 22 de octubre de 2022.
Además, condenó las trabas puestas por la dirigencia oficialista para impedir que el abanderado de Machado, el Dr. Corina Yorisregistrado ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para participar en el próximo proceso electoral.
La IDC demandó al régimen de Maduro por “respeto y cumplimiento” del acuerdo de Barbados, firmado con aval internacional el pasado mes de octubre, “en todos y cada uno de sus puntos”. Esto, con el fin de asegurar elecciones con “las garantías electorales necesarias para la libre participación de candidatos inconstitucionalmente inhabilitados, de modo que puedan ser considerados libres, justos, equitativos, transparentes, observables y, por tanto, democráticos”.
Política represiva
Destacó que la dictadura chavista emprendió “una política represiva contra ellos y los colaboradores de Machado», quienes han sido víctimas de persecución y detenciones arbitrarias.
A través de este documento, que exige la liberación de todos los presos políticos y el cese de la persecución de las voces disidentes, el régimen se hace responsable de la integridad física de la líder opositora, su abanderado y los líderes del movimiento Vente Venezuela. Henry Alviárez y Dignora Hernández, detenidos arbitrariamente el 20 de marzo por una supuesta conspiración para asesinar a Maduro.
También se advierte a los miembros de la dictadura y al CNE que las prácticas de “apartheid político” constituyen crímenes de lesa humanidad. “Podría dar lugar a investigaciones individuales con la activación de mecanismos de justicia internacional, incluida la Corte Penal Internacional (CPI), de conformidad con el Estatuto de Roma”, recuerda el documento, que fue enviado a este organismo penal “como señal de la preocupación internacional sobre la situación en Venezuela”.
Además, respaldó el accionar de la CPI, que a inicios de marzo rechazó el recurso interpuesto por el régimen contra el proceso de investigación que adelanta la instancia por crímenes de lesa humanidad cometidos por funcionarios venezolanos. “Deben responder por sus violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos en Venezuela”señala el texto.
FUENTE: Con información de un comunicado de prensa.
