MIAMI.- Él Grupo IDEA habló sobre la acusación del La oficina del fiscal contra el ex presidente de Paraguay mario abdo Benítez (2018-2023), acusado por su antecesor, Horacio Cartes, de filtrar documentos confidenciales relacionados con su actividad empresarial.
La magistrada Cynthia Lovera también admitió la acusación como cómplices de otros siete ex altos funcionarios del pasado gobierno de Benítez.
Al respecto, el Grupo IDEA aseguró que “en nuestra Declaración sobre Argentina del 9 de diciembre de 2021 expresamos lo que hoy vale para el tema de Paraguay en comentario, es decir, que todo ciudadano y no solo un expresidente debe tener las garantías del debido proceso y de la tutela judicial efectiva; derechos que siempre se ven afectados en los casos de colusión indebida entre los titulares de los órganos del poder público y la Justicia, más aún cuando se trata de motivaciones políticas y no de la legítima reivindicación de derechos afectados y justiciables”.
Para ser procesado, abdo Benítez Debe ser despojado de sus fueros como senador vitalicio, procedimiento que se haría efectivo la próxima semana, informó a periodistas el presidente del Senado, Basilio Núñez.
La acusación, un expediente de 60 páginas, responsabiliza al expresidente abdo de los presuntos delitos de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a cometer un hecho punible, denuncia falsa, simulación de hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación para delinquir.
Según el Ministerio Público, el expresidente abdo formó «una organización criminal» para filtrar información confidencial de la Secretaría de Lavado de Dinero o Activos (Seprelad) con el objetivo de desprestigiar al sector vinculado a su archienemigo político (un rico empresario tabacalero de Paraguay) y al actual presidente Peña.
Por su parte, el Grupo IDEA afirma en su comunicado que «como advirtió la Corte Interamericana de Derechos Humanos Las autoridades estatales no pueden basarse en mecanismos como el secreto de Estado o la confidencialidad de la información, ni en razones de interés público o seguridad nacional.l, cuando se trata de perseguir el crimen organizado como fuente de violaciones sistemáticas a los derechos humanos y de afectación del Estado constitucional de derecho.»
FUENTE: EDITORIAL/AFP
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