BOGOTÁ.- El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, denunció este viernes que si no se modifica una de las cláusulas contenidas en el proyecto de ley para el sometimiento de grupos armados sin personalidad política, podrían liberar a unas 3.500 personas de las cárceles colombianas condenadas o procesadas por crímenes de lesa humanidadcomo secuestros, trata de personas, masacres o desplazamientos forzados.
El fiscal general presentó una lista con 12 «líneas rojas» dentro del proyecto de ley defendido por el presidente, Gustavo Petro, quien afirma que se trata de un gran acuerdo de paz, que otorga beneficios jurídicos a los miembros de los grupos armados –entre los que no figuran jefes de organizaciones o sospechosos de participar en delitos graves– a cambio de colaboración y rendición.
“Con este artículo de no eliminar el concierto para delinquir agravado o no limitar el artículo primero del 326, básicamente se estarían desocupando las cárceles o por lo menos se generaría un comercio de beneficios y negocios en las cárceles del país”, informó Noticias Caracol. .
El fiscal calificó de «muy grave» el plan planteado por Petro y afirmó que supone un «brecha» por donde se filtraría toda la alta criminalidad. “No los cabecillas, sino toda la gente de abajo que ha cometido estos crímenes”, enfatizó.
Ante las críticas, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, afirmó desde Bucaramanga que «ninguno» de los proyectos de ley presentados al Congreso «propone liberar a los delincuentes de alto impacto», informó Blu Radio.
Control de la población
El fiscal Barbosa advirtió que la Fiscalía tiene información de que grupos disidentes de las Farc están entregando cédulas de identidad a la población, en lugares como el departamento de Caquetá, para controlar las entradas y salidas de las localidades.
“Tenemos información que está siendo verificada por la Fiscalía. En Caquetá, las organizaciones criminales están entregando cédulas de identidad a los ciudadanos para que puedan ingresar a ciertos municipios. Esa es una información que está siendo verificada por la Fiscalía y que seguramente será considerada hoy. en el Consejo de Seguridad”, informó la cadena RCN.
El miércoles se presentó en el Congreso la iniciativa del gobierno de someter a la justicia a los grupos armados sin estatus político. Petro defendió que este texto es similar al de la legislación de Estados Unidos, que contempla la posibilidad de otorgar beneficios legales a los delincuentes a cambio de ayudar a desmantelar sus redes criminales.
Sin embargo, el Fiscal General de Colombia, Francisco Barbosa, sostiene lo contrario, que esta nueva iniciativa beneficiará a los narcotraficantes. En esa línea protesta la oposición, que pese a que ya ha sido desmentida por el gobierno, insiste en afirmar que esta ley daría estatus político a las organizaciones del crimen organizado.
El texto, diseñado para organizaciones como el Clan del Golfo y otras estructuras paramilitares, propone penas de prisión de entre seis y ocho años para quienes se acojan al plan, además de crear un fondo especial para reparar a las víctimas financiado con bienes adquiridos ilegalmente. por estas personas.
En caso de que obtenga el visto bueno del Congreso, el gobierno de Petro podrá entonces iniciar conversaciones para desestructurar estos grupos a cambio de beneficios legales, mientras continúan las negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), a la espera de que el mismo El proceso comienza con la disidencia de las FARC, los únicos grupos con carácter político.
FUENTE: Con información de Europa Press
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