En medio de las investigaciones que se adelantan contra EDESUR Debido a los reiterados cortes de luz en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires), el ENRE (Ente Nacional Regulador de la Energía Eléctrica) solicitó ante los tribunales una medida cautelar para los ejecutivos de la empresa.
Walter Martello, titular de la organización, solicitó este miércoles que ejecutivos de EDESUR Salir del país; con lo que, a su vez, el ENRE amplió la denuncia penal que interpuso contra la empresa la semana pasada.
En ese sentido, el ENRE solicitó que se impida la salida del territorio nacional de la junta directiva. EDESUR Integrada por: Juan Carlos Blanco, Francesco Tutoli, María Alejandra Martínez, Víctor José Díaz Bobillo, Mónica Diskin, Giovanni Zanchetta, Jaime Barba, Alejandro Martínez y Valter Moro.
Según justificó Martello, la medida solicitada va encaminada a “quitarlos de figurar legalmente en esta investigación”, esto ya que la empresa “ha perdido intencionalmente su capacidad operativa de la concesión”.
En ese sentido, el titular del ENRE asegura que los directivos de la empresa tienen «clara decisión de salir del país en incumplimiento doloso de sus obligaciones».
“La negligencia operativa y la falta de protocolos, procesos de buenas prácticas no tienen relación con los déficit presupuestarios, sino con la clara intención de los directores de EDESUR de frustrar fraudulentamente el cumplimiento de las obligaciones asumidas en el contrato de concesión de distribución de energía eléctrica para su ámbito de competencia de manera inexcusable”, dijo el funcionario.
Agrega además: “Las referidas personas son sus máximos representantes sociales y que si eludieron sus responsabilidades con el consiguiente peligro para la vida y la salud de miles de personas, el daño efectivo y potencial causado por su conducta ilegítima por un lado perjudicó el erario público y por otro lado, ponen en riesgo, insisto, la vida de muchas personas”.
La denuncia ante EDESUR
El gobierno denunció la empresa para ser investigado por «fraude por alteración de derechos pactados, abandono de persona y entorpecimiento de servicios públicos». El caso está a cargo del juez federal Julián Ercolini.
Asimismo, el ministro de Economía, Sergio Massa, ordenó la intervención de la empresa por 180 días, con el fin de «supervisar y controlar» el cumplimiento de las obras de mantenimiento y mejoras del servicio.
La intervención estará a cargo de Jorge Ferraresi, quien al respecto señaló: “Consideramos que la tarea prioritaria es establecer un diagnóstico certero del estado de situación de cada barrio. Muchos vecinos aún continúan con su servicio interrumpido. vamos a trabajar entendiendo que la energía es un derecho de todos».
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