La Comisión Europea inició el miércoles acciones legales contra la llamada «ley de soberanía» aprobada recientemente por el parlamento húngaro.
La legislación, encabezada por el partido gobernante de Viktor Orbán y aprobada por el parlamento a mediados de diciembre, faculta al Estado para investigar a personas y organizaciones sospechosas de socavar la soberanía del país, con posibles condenas de hasta tres años de prisión.
Orbán, que frecuentemente critica a sus críticos calificándolos de agentes pagados por entidades occidentales, dice que la ley es necesaria para proteger a Hungría de una interferencia política indebida.
La implementación del proyecto de ley depende de la recién creada «Oficina para la Defensa de la Soberanía», que puede recopilar información sobre individuos o grupos que reciben financiación extranjera y que se percibe que influyen en el debate político y los procesos electorales del país. Los servicios secretos húngaros están obligados a ayudar a la autoridad.
Las disposiciones de la ley, en particular su mandato amplio pero vago y la falta de supervisión judicial, han planteado serias preocupaciones de la sociedad civil y periodistas independientes, que temen ser atacados injustamente por negarse a seguir el dogma político de Orbán y ser impotentes para impugnar las decisiones tomadas por la «oficina de soberanía».
La Comisión Europea se hizo eco de estas consideraciones y dijo el miércoles que la ley viola una amplia gama de valores fundamentales y garantías jurídicas, como el principio de democracia, el derecho a la vida privada, la protección de datos personales, la libertad de expresión, información y asociación. y el derecho a un juicio justo, entre otros.
Hungría tiene dos meses para responder a las objeciones de la Comisión. La carta de emplazamiento es el primer paso del procedimiento de infracción, que puede dar lugar a una demanda y a multas diarias ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
Estados Unidos había anteriormente criticado la ley, denunciando sus «herramientas draconianas que pueden usarse para intimidar y castigar a quienes tienen opiniones no compartidas por el partido gobernante».
El nuevo enfrentamiento entre Bruselas y Budapest se produce pocos días después de un cumbre de alto riesgo En eso, Orbán levantó su veto a un fondo especial de 50.000 millones de euros para Ucrania, tras una campaña de presión de sus colegas líderes y del Parlamento Europeo.
Como parte de las negociaciones que precedieron a la cumbre, Orbán había exigido la liberación inmediata de los aproximadamente 21 mil millones de euros en fondos de recuperación y cohesión que la Comisión Europea ha retenido debido a las persistentes deficiencias del Estado de derecho dentro de Hungría. El ejecutivo, sin embargo, insiste en que no se desbloqueará efectivo hasta que el país cumpla una serie de «hitos» y condiciones para afrontar la situación.
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