A través de un comunicado publicado en su sitio web, el Colegio de Abogados de Villa María cuestionó el proyecto de ley conocido como “ómnibus” en el que incluye la posibilidad de realizar divorcios fuera de la Justicia, así como herencias.
El texto de los abogados villamarienses plantea el «total rechazo» a la iniciativa de «divorcio administrativo y sucesiones notariales» que en sus artículos «buscan evitar la intervención judicial», «con el pretexto de reducir costes».
El proyecto propuesto por el presidente Javier Milei ante el Congreso Nacional establece que una pareja que quiera divorciarse no necesita acudir a los tribunales, pero, así como cumplieron el “trámite” del matrimonio en el Registro Civil, pueden disolverlo sin más en el mismo lugar.
Quedan preguntas abiertas a este respecto, dado que del texto no se desprende ninguna modalidad para resolver los conflictos que surgen en caso de disputa sobre la división de bienes o el régimen de custodia de los hijos.
El otro punto que provocó el rechazo de los abogados de Villa María es el que se refiere a las sucesiones. Según la iniciativa presidencial, se podrá realizar directamente ante notario público sin necesidad de que intervenga un juez.
Abogados consultados por este medio aseguran que, de aprobarse, aumentaría el nivel de conflictividad.
Y ponen ejemplos: si un heredero no está incluido en una declaración, acabará solicitando la nulidad ante los tribunales. O, en el caso de divorcios, los terceros que hayan tenido una relación laboral o económica con la sociedad conyugal deberán resolver sus reclamaciones ante un juez.
En definitiva, no reduciría costes ni conflictos, que es la justificación en la que se basa el proyecto.
La noticia
“Esta modalidad propuesta por el proyecto de ley viola derechos constitucionales reconocidos, afecta la seguridad jurídica del ciudadano y el acceso a la Justicia, que sólo puede garantizarse con la intervención de un juez natural y la asesoría de un profesional del derecho”, indicaron. de la institución que preside Guillermo Lorenzatti.
“Es importante resaltar que el abogado es el único capacitado para asesorar a un imputado, no somos meros auxiliares, sino parte esencial del sistema de administración de justicia”, agregaron.
“Sin perjuicio de este rechazo expreso, se seguirán realizando todos los esfuerzos a nuestro alcance junto con la abogacía organizada de la provincia y el país para defender las inquietudes profesionales, solicitando la intervención de la abogacía organizada en el debate parlamentario, en con el fin de garantizar al imputado el acceso a la Justicia y la protección de las garantías constitucionales. Estaremos activos ante cualquier modificación que pretenda ir en contra de los intereses de nuestros afiliados o alterar la división de poderes y los derechos y garantías constitucionales”, concluyeron.
