mayo 27, 2024

Una resolución judicial del juez Daniel Urrutia, del Séptimo Juzgado de Garantía, para permitir a delincuentes peligrosos recluidos en el Reclusorio de Alta Seguridad realizar videollamadas, está provocando un forcejeo entre Gendarmería y los magistrados.

El 25 de enero, el citado juez ordenó el otorgamiento del beneficio a cuatro internos del Establecimiento Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS), quienes podrían comunicarse con terceros que no estén autorizados por la administración penitenciaria, informó un informe de meganoticias.

La preocupación de la Gendarmería es que Se podrían realizar videollamadas con terceros que no tengan su identidad debidamente acreditadalo que «pone en grave riesgo la seguridad del personal y de la población carcelaria».

En el centro permanecen recluidos los principales delincuentes del país, la mayoría vinculados al crimen organizado y a conocidas bandas como el Tren de Aragua y el clan de Los Gallegos.

Además, El juez Urrutia ordenó a Gendarmería realizar una visita íntima al interno Rafael Marín Vielma, de nacionalidad colombiana, quien cumple una condena de quince años por tráfico de drogas.pese a que en ese penal de máxima seguridad no existen instalaciones para ese fin.

TRIBUNAL DE SANTIAGO PONE FRENO

La pelea se intensificó hasta Corte de Apelaciones de Santiago, que dictó orden de no innovar, es decir, suspendió la aplicación del auto judicial mientras resuelve el fondo del recurso interpuesto por Gendarmería.

En el reclamo, la institución penitenciaria afirmó que, «teniendo en cuenta el perfil criminológico de la población penitenciaria de la Unidad Especial, el nivel de operación que tiene el crimen organizado y que requiere su combate, la administración interna del REPAS exige Estándares de segmentación y seguridad mucho más altos«.

En ese sentido, el hecho de que las personas privadas de libertad puedan comunicarse libremente con terceros es «particularmente grave ya que, a través de una resolución judicial, se pretende establecer un Régimen Penitenciario excepcional, poniendo en jaque a la administración».

Él Coronel Luis González Báez, Subdirector Operativo de Gendarmeríaexplicado a meganoticias que “el REPAS alberga a los internos más peligrosos a nivel nacional, porque han cometido delitos de alta connotación pública, contra las personas, por lo tanto, Están en un régimen penitenciario diferente que obviamente es mucho más restrictivo» en comparación con otras prisiones.

«ES MUY GRAVE», RECRIMINA EL GOBIERNO

En declaraciones al citado medio, el Viceministro de Justicia, Jaime GajardoDestacó que «estos son los líderes más peligrosos de las bandas criminales que están plagando la seguridad del país; aquí tenemos a los líderes de clanes que han generado crímenes que son horrendos: extorsiones, trata de personas, secuestros, homicidios. Esta gente se organiza para cometer crímenes y, por la misma razón, necesitamos que rompan su vínculo con el exterior.

Por lo tanto, “permitirles hacer videollamadas es dejar eso en cero”, ya que pone en riesgo la seguridad de los funcionarios penitenciarios y la seguridad de la sociedad: «Por eso esta resolución es muy seria».

«En el recinto especial de alta y máxima seguridad reabierto por el Presidente de la República en abril del año pasado, están los delincuentes más peligrosos que tenemos en el sistema penitenciario», recordó Gajardo, enfatizando que el recinto fue reabierto precisamente para implementar un régimen segregado. régimen, para no contaminar criminológicamente al resto de la población penitenciaria y «poder desbaratar las bandas del crimen organizado».

También criticó la resolución gobernador metropolitano, Claudio Orregoquien reveló que las autoridades han estado haciendo poderosas inversiones en seguridad penitenciaria.

«Estas decisiones socavan el esfuerzo conjunto que estamos haciendo con el Gobierno y ponen en riesgo la seguridad de Gendarmería para combatir el crimen organizado», Arremetió contra la red social X (antes Twitter).

JUEZ CONTROVERSIAL

El año pasado, la Corte Suprema confirmó una sanción de la Corte de Apelaciones de Santiago contra el juez Urrutia por haberse «autoasignado» una causa y dejó en libertad a 13 imputados por participar en «primera línea». durante el estallido social de 2019, momento en el que ganó notoriedad.

En 2022, en tanto, había interpuesto un sumario contra el magistrado por no respetar la dispensa al haber manifestado su apoyo al Apruebo de cara al plebiscito del primer proceso constitucional.

VIDEOLLAMADA DESCONOCIDA DESDE EL TREN DE ARAGUA

En eso…

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