El Gobierno del presidente Gabriel Boric ha tomado una decisión contundente respecto de la pensiones de gracia otorgadas a víctimas del Estallido Social en 2019. El ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, anunció que 25 de estas pensiones serán revocadas por irregularidades detectadas en el proceso de entrega del beneficio, según alertó la Contraloría. la semana pasada.
Hasta el momento se ha confirmado la revocación de 25 pensiones de gracia, pero el ministro Elizalde señaló que aún continúa la verificación de antecedentes, lo que podría resultar en un aumento en la cantidad. El análisis se centrará en verificar que el requisitos para obtener este beneficio, especialmente en el caso de personas con antecedentes penales.
El ministro destacó que, durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera, el 14,19% de la población pensiones de gracia Los otorgados tenían antecedentes penales, mientras que en la actual administración de Boric esta cifra es del 17,78%, niveles comparables.
El número total de beneficiarios del pensiones de gracia tras ser víctimas de violaciones por parte de agentes del Estado en el Estallido Social, son 418. Bajo la administración de Gabriel Boric se han autorizado 270, y bajo la de Sebastián Piñera fueron 148.
La investigación reveló que 58 beneficiarios de las pensiones de gracia tenían antecedentes penales, destacándose dos casos por su gravedad: uno por abuso sexual contra una niña de seis años y otro por la producción de material pornográfico infantil contra una menor de 17 años. edad. La Contraloría identificó a beneficiarios con más de 10 condenas por diversos delitos. Uno de los casos más llamativos es el de Cristián Mauricio Aróstica Quispe, de 43 años, quien tiene un total de nueve condenas, la cifra más alta entre los beneficiarios con pensiones de gracia en 2022.
