El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó este jueves su alarmante preocupación por lo que considera una «continua erosión del estado de derecho en Guatemala».
Volker Türk señala que los funcionarios judiciales, incluidos los que trabajaron o cooperaron con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), respaldada por la ONU, continúan enfrentando actos de “intimidación, hostigamiento y criminalización”.
“Es especialmente preocupante que se estén utilizando procedimientos administrativos y penales en aparente represalia contra quienes participaron en la investigación y juzgamiento de casos de corrupción o graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado”, declaró la Alta Comisionada.
Türk indicó que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) anunció el 28 de marzo, en el último de una serie de casos de esta naturaleza, que emprendería acciones legales contra el excomisionado de la CICIG Francisco Dall’Anese en relación con su trabajo en la Comisión.
Según versiones de prensa, las acciones judiciales de la Fiscalía contra el excomisario costarricense Dall’Anese forman parte de la investigación denominada Fedecocagua (Federación de Cooperativas Agropecuarias de Productores de Café) que también incluye al gerente de esta empresa, Ulrich Gurtner Kappeler.
El titular de la FECI, Rafael Curruchiche, solicitó orden de captura contra Kappeler por lavado de dinero. El fiscal sostiene que el excomisario envió una nota al gerente de Fedecocagua, informándole que una investigación de la referida Comisión Internacional a esta empresa no había encontrado indicios de ilegalidad alguna.
Luego de doce años de actividad, la CICIG fue disuelta el 3 de septiembre de 2019. Durante el tiempo que estuvo en vigencia y con el apoyo del Ministerio Público, logró procesar a más de 1.500 personas, procesar a más de 660 y, al mes de julio 2019, había obtenido 400 condenas.
Preocupación por el rechazo de candidaturas a las elecciones generales
El Alto Comisionado extendió su preocupación por «candidatos presidenciales y vicepresidenciales de todo el espectro político, entre ellos Thelma Cabrera, Jordan Rodas y Roberto Arzú», cuyas candidaturas para las elecciones generales del 25 de junio fueron rechazados por el Tribunal Electoral “por razones aparentemente arbitrarias”. Las apelaciones en estos casos se presentan ante la Corte Suprema.
“El derecho a participar en los asuntos públicos, incluido el derecho a votar y ser elegido, es un derecho humano reconocido internacionalmente. La Corte Constitucional, la Corte Suprema y el Tribunal Electoral deben decidir con imparcialidad, con base en los hechos y de conformidad con las ley, sin restricciones ni influencias indebidas», subrayó Türk.
La Alta Comisionada llamó a «las autoridades guatemaltecas a garantizar que los jueces y abogados pueden ejercer sus funciones libremente y sin temor a represalias. Un poder judicial independiente es vital para una sociedad democrática».
