Tras las declaraciones del ex Seremi de Antofagasta Carlos Contreras, continúan las dudas sobre las versiones de Cuando la Presidencia se enteró del caso de los acuerdosalgo que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) salió a aclarar este domingo.
A través de un comunicado, el Minvu explicó que el informe del titular del Departamento de Asentamientos Precarios, Ricardo Trincadoemitido el 5 de junio -11 días antes de que estallara el escándalo- fue encargado a pedido de la ex subsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas y que Es parte de los antecedentes entregados a la Fiscalía el 20 de junio.
También se destacó que dicho documento indica que «se requiere un análisis jurídico del acuerdo» y que Hay un sumario en proceso para investigar responsabilidades derivadas de este informe.descartando además que haya llegado a la Presidencia antes de que se conociera el caso, como afirmó Contreras.
«Fue uno de los expedientes entregados personalmente por el ministerio a la Fiscalía Regional de Antofagasta el 20 de junio, en el marco de la investigación penal iniciada luego de que se conocieran diversas irregularidades ocurridas en el marco de la ejecución del Programa Asentamientos Precarios de Antofagasta. junto con una serie de antecedentes asociados a la fundación Democracia Viva y otra organización sin fines de lucro que podrían constituir actos de corrupción«, detalla parte del comunicado.
En el mismo sentido, el Ministro de Justicia, Luis Corderoseñaló que «respecto al famoso informe, No hay constancia de que Presidencia hubiera recibido ese informe. De los cuales existen registros y respecto de los cuales el propio Ministro Montes brindó la información en su oportunidad, de hecho lo entregó el 22 de junioes el conjunto de antecedentes e informes que se habían emitido, entre otros el del señor Trincado.»
El Secretario de Estado agregó en diálogo con Canal 13 que «en la visita que el Ministro Montes realizó al fiscal de Antofagasta a cargo de esta investigación, Este informe se entregó junto con una serie de otros antecedentes.incluidos los correos electrónicos.»
En todo caso, las declaraciones de Contreras, que contradicen lo señalado por el jefe de Asesores de La Moneda, miguel crispihan provocado una serie de críticas por parte de la oposición, que insiste en pedir la salida de Montes y del propio Crispi de sus respectivos cargos.
En el caso de Renovación Nacional (RN), su bancada de diputados solicitó al presidente de la Cámara Baja apoyan posibles acciones legales si se confirma que Crispi proporcionó información falsa a la comisión investigadora.
«La Cámara de Diputados debe reaccionar ante uno de los casos más graves de violación de sus facultades de control. Por eso, si se confirma que la comisión mintió, no sólo llamamos al presidente de la Cámara a actuar en defensa de la Constitución, pero Urge revisar las normas jurídicas que sancionan un acto de esta naturaleza«dijo el diputado Marcia Rafael, subdirector del banco RN.
EL OFICIALISMO CUESTIONA LAS UBICACIONES MONTAÑAS
La oposición también busca Se cobran responsabilidades políticas.y como el Ministro Montes ha dicho en repetidas ocasiones que no dejará el cargo, Se evalúa entonces una acusación constitucional en su contra..
Del oficialismo, el diputado socialista Marcos Ilabaca defendió la gestión de Montes ante este escándalo por los acuerdos, asegurando que «A lo largo de todo el proceso de investigación ha desarrollado una actitud súper proactiva«.
“El mismo día que se conocieron estos hechos se comenzaron a tomar decisiones al interior del Ministerio: Piden la renuncia del subsecretario, El ministro se presenta en la Fiscalía y entrega toda la información«.
A esto agregó que “acude de inmediato a la comisión investigadora y entrega toda la información, presenta las denuncias respectivas”.
Ante esto, Ilabaca advirtió que «uno se pregunta qué más quiere la oposición, porque Si lo que quieren es derrotar al Presidente de la República, que lo digan asi, como están las cosas«.
Desde el Gobierno, por su parte, insisten en que no quieren seguir con rencillas
respecto del informe al que se refiere Contreras, reiterando que debe ser la justicia la que determine responsabilidades, incluidas las penales, en este caso.
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