El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria* llamó este lunes a México a anular de manera urgente la prisión preventiva obligatoria, también conocida como “prisión preventiva no oficial” o “automática”, que está incluida en la Constitución de ese país.
En un comunicado emitido este lunes, el presidente del Grupo indicó que «la prisión preventiva oficiosa sea contrario a las garantías internacionales para la protección de los derechos humanos, como lo ha señalado la jurisprudencia del Grupo de Trabajo en múltiples ocasiones”.
Miriam Estrada Castillo agregó que la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como el Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura han adoptado conclusiones similares.
La experta señaló que, de acuerdo con el artículo 19 de la Constitución, el ordenamiento jurídico mexicano obliga a los jueces a imponer este tipo de detención a todas las personas acusadas de determinados delitos, circunstancia que, a su juicio, condujo a “múltiples violaciones a sus derechos humanos, como la presunción de inocencia, el debido proceso y la igualdad ante la ley”.
Agregó que la prisión preventiva informal es también contraria a la independencia judicial, al deber de fundamentar jurídicamente los motivos de la detención, compromete gravemente el derecho a la integridad personal y la garantía de no ser víctima de torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. A pesar de estar establecido por ley, esto no garantiza que no sea arbitrario.
Una década esperando un juicio
“Una de las consecuencias más graves de la prisión preventiva obligatoria ha sido el hecho de que muchos mexicanos pasen más de una década privados de su libertad en espera de juicio, sin sentencia y en condiciones de grave riesgo para su vida e integridad personal. Esto también contribuye al hacinamiento en las cárceles”, dijo Estrada-Castillo.
A pesar de ser consciente de los retos que enfrenta el Gobierno de México en materia de seguridad pública, la Mesa de Trabajo reiteró que la prisión preventiva informal coloca a México en clara violación de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, asumido con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
“La anulación de la prisión preventiva informal no solo es un paso fundamental para paliar el problema de las detenciones arbitrarias en México, sino que también permitiría paliar el hacinamiento del sistema penitenciario”, destaca el comunicado.
El Grupo de Trabajo viene insistiendo a México en la necesidad de resolver urgentemente este problema estructural desde 2018 y ha ofrecido en reiteradas ocasiones la asistencia técnica necesaria.
*El Grupo de Trabajo está compuesto por cinco miembros expertos independientes de varias regiones del mundo: Miriam Estrada Castillo (Ecuador; Presidente-Relator), mumba malila (Zambia; Vicepresidente); elina steinert (Letonia); priya gopalan (Malasia); Y mateo gillet (Nueva Zelanda).
El Grupo forma parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el organismo más grande de expertos independientes en el sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo del Consejo que abordan situaciones específicas de países o cuestiones temáticas en todas partes del mundo. Los expertos en Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven a título individual.
