Aunque se manifestó esperanzado por las «lecciones» quien dejará el caso de los Acuerdos para el país, el Ministro de Hacienda, Mario marcelNo estaba tan convencido de la impacto del destape de este escándalo en la eventual reforma tributaria.
Consultado sobre su posible efecto en la tramitación del convenio tributario durante las actividades en el Biobío, el Secretario de Estado consideró que «influirá; la cuestión es si influirá positiva o negativamente«.
“Creo que en Chile hemos podido aprender de nuestros errores cuando ha habido episodios como estos. Pensemos, por ejemplo, que estamos celebrando 20 años desde la creación del Servicio Civil, de ChileCompra y del Registro de Receptores de Fondos Públicos. Todo eso fue producto de los acuerdos Insulza-Longueira producto del MOP-Gate”, reflexionó.
El encargado de la cartera fiscal admitió que «en este caso nos hemos enfrentado a situaciones muy complejas, muy decepcionantespero si sacamos las lecciones correctasvamos a dar un paso más en el calidad y transparencia de nuestra administración pública».
Marcel desayunó este viernes con empresarios del Biobío para detallar el avance de las negociaciones del pacto fiscal, quienes le pidieron certezas para definir con prontitud las inversiones que tienen previstas.
LA OPOSICIÓN INSISTE EN SANCIONES PENALES Y POLÍTICAS
Aunque ya están en marcha los 30 días que tiene Democracia Viva -la fundación que inició el escándalo de los casos del convenio- para devolver el dinero al Minvu, desde la oposición insisten en que eso no es suficiente: Piden sanciones penales y políticas para los responsables.
«Devolver el dinero es lo mínimo. En todo pleito se pide indemnizar a la persona que causó un daño patrimonial; eso es pagar lo que hace a la otra parte inofensiva«, explicó el jefe de la banda UDI, el diputado guillermo ramirez.
Según el parlamentario, «por la justicia que nunca es suficiente«, por lo que «se requiere castigo».
«Las personas que intentaron defraudar el impuesto deben ser penalizado penalmente y aquellas personas que nombraron a los seremis y que nombraron a las personas que estos contratos también deben ser sancionados políticamente«, señaló.
PRIMERA SESIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA TRANSPARENCIA
Durante este viernes se lleva a cabo la primera sesión de la Comisión Ministerial para la Regulación de la Relación entre las Instituciones Privadas sin Fines de Lucro y el Estado, órgano consultivo impulsado por el Gobierno para establecer nuevos parámetros de probidad y transparencia en la entrega de recursos públicos a fundaciones.
El equipo de especialistas, que tendrá un plazo de 45 días para entregar propuestas en torno a cinco objetivos específicos, estará dirigido por María Jaraquemadadirector de Chile Transparente.
El órgano también está formado por ramiro mendozaex contralor de la República; Valeria Luebbertosecretario ejecutivo de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia (CIPyT); Jeanette Schiess von Wolfersdorffmiembro del Consejo Fiscal Autónomo (CFA); Francisco Agüero, Profesor de Derecho de la Universidad de Chile; y Ignacio Irarrazavaldirector del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica.
En cuanto a los detalles de esta primera sesión, Jaraquemada precisó que «todavía falta tener el diagnóstico completo, pero efectivamente, siempre hay espacios de opacidad, de discreción. que hay que tratar de reducirlos, no los elimines por completoporque tú también eliges a tus representantes para tomar decisiones».
“No todo está mecanizado, por así decirlo, pero sí donde vemos que hay mucha discreción o mucha opacidad, Intentaremos hacer propuestas para darle mayor transparencia y rendición de cuentas.«, analizó el experto.
Jaraquemada también señaló que aún no hay conclusiones, ya que Durante la primera etapa se realizará un diagnóstico y un proceso de escucha a diferentes actores e instituciones.para luego entregar propuestas para mejorar la relación entre las fundaciones y el Estado.
La Comisión tiene un plazo de 45 días para entregar propuestas y recomendaciones de cambios a las políticas públicas para mejorar la transparencia y probidad.
