En el marco de la ampliación de Precios justosel secretario de Comercio, encabezado por Matías Tombolini, convocó a los empresarios para analizar y monitorear la implementación del programa.
Esto dado que la cartera implementa controles rigurosos en el convenio, por lo que todas las empresas adheridas a Precios justos cumplir con el acuerdo y así garantizar una mayor estabilidad de precios.
Las reuniones con los empresarios comenzaron la semana pasada y continuarán durante los próximos días. Estos también analizarán una serie de denuncias que han presentado los mayoristas por fallas en Precios justos.
A través de un comunicado, la Cámara Argentina de Distribuidores Mayoristas y Autoservicios (CADAM) advirtió que empresarios industriales incumplen los lineamientos establecidos en el convenio.
“Nuestros asociados reciben de la industria proveedora cambios en las condiciones comerciales, listas de aumentos por encima de los porcentajes estipulados por la Secretaría, eliminación de bonificaciones, cambio en las condiciones de pago, cuotas de suministro (aún más acentuado en medianas y pequeñas empresas y puntuales), etc.”, indicaron.
Cabe recordar que, sumado a esto, en las últimas semanas, el Ministerio de Comercio ha multado a varias empresas por incumplimientos del programa, y que permanentemente realiza inspecciones de vigilancia principalmente en supermercados.
Por ello, las reuniones que se sostengan con los empresarios serán clave para garantizar que se cumpla lo pactado en el acuerdo. Mientras tanto, a las empresas les preocupa el aumento de los costos, que superan el 3,2% acordado, y la falta de acceso a las importaciones.
Productos faltantes: una de las mayores brechas
Entre las inspecciones que realiza la Secretaría de Comercio en supermercados afiliados al programa, es evidente que uno de los mayores problemas en la implementación del acuerdo es la falta de productos.
Entre los productos con mayor escasez se encuentran los cortes de carne, que recientemente fueron incluidos en el programa. Además, denuncian la falta de señalización y vallas publicitarias para identificar los productos con precios regulados.