el senador francisco huenchumillarepresentante de la Democracia Cristiana por La Araucanía, afirmó este sábado que el Consejo Constitucional «tiene la obligación» de convocar a una consulta indígena sobre los artículos del futuro proyecto de nueva Carta Magna que puedan afectar a los pueblos indígenas.
El tema se ha convertido en uno de los primeros temas en ser resueltos por la junta directiva del órgano constituyente, presidida por Beatriz Hevia (Partido Republicano), por el asesor indígena Alihuen Antileo solicitar un pronunciamiento a la mesa.
Según afirmó Antileo en conferencia de prensa el pasado lunes, “Hay dos o tres artículos en el proyecto de ley que van a tener un impacto en la vida y desarrollo de los pueblos indígenas”Por lo tanto, es necesario realizar una consulta indígena de conformidad con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que regula este tipo de instancias cuando una política pública o norma jurídica afecta a los pueblos reconocidos por los respectivos Estados.
Al respecto, Huenchumilla, de origen mapuche, sostuvo que “El Consejo Constitucional tiene la obligación de cumplir con la consulta indígena establecida por el Convenio 169”.
“Este es un tratado internacional ratificado por Chile que se encuentra vigente y el propio proyecto de la Comisión Pericial, en su artículo VII, lo reconoce expresamente, al señalar que ‘el Estado respetará y promoverá los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, garantizados por la Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes’«Revisó el senador.
En este sentido, el ex alcalde advirtió que «Sería muy contradictorio que el propio proyecto de la Comisión Pericial, en su artículo VII, establecería el carácter vinculante de los tratados internacionales y, por otra parte, no se daría cumplimiento por parte del Consejo Constitucional”.
“En mi opinión, esto debe cumplirse y el Consejo tendrá que establecer los mecanismos a través de los cuales se llevará a cabo esta consulta. o nos vamos a encontrar con que el texto propuesto puede establecer una situación de ilegalidad y, por tanto, carecer de legitimidad, que podría ser cuestionado por diferentes organizaciones ante tribunales internacionales o ante organizaciones internacionales»alertó Huenchumilla.
Eso, agregó, «crearía un problema político para el país, a fin de que este proceso constitucional, que reconoce expresamente el Convenio 169, no estaría dando cumplimiento a lo ordenado por este acuerdo, a fin de que los pueblos indígenas deben ser consultados cuando se establezcan normas jurídicas cuando les afecten directamente”.
