El Iglesia Católica informó que a partir del último día hábil de 2023 dejó de recibir fondos del Estado nacional, dado que concluyó el “proceso de renuncia de arzobispos, obispos diocesanos y obispos auxiliares a los fondos previstos en la Ley 21.950”, según informó.
De esta manera, las autoridades del Iglesia Católica dejará de recibir estas aportaciones. La CEA (Conferencia Episcopal Argentina) informó que las renuncias de las autoridades de la congregación se realizaron el último día hábil de diciembre, “de conformidad con lo establecido en la Asamblea Plenaria y lo informado a la Secretaría de Culto de la Nación”.
El proceso de renuncia a los fondos del Estado había comenzado en 2018 de manera progresiva, por lo que desde 2020, los arzobispos de la Iglesia Católica Comenzaron a establecer otros mecanismos para obtener recursos y financiarse.
Debido a esto, Presentaron “el Programa de Financiamiento Eclesial (FE), destinado a desarrollar la captación de donantes y fondos para resolver las tareas pastorales en el país”, según la CEA.
A través de un comunicado, la Conferencia Episcopal también sostuvo que «si bien el aporte realizado por el Estado -que estaba destinado principalmente al pago de dietas mensuales a obispos, párrocos fronterizos y seminaristas diocesanos- cubría sólo el diez (10) por ciento del presupuesto total de la Iglesia, fue de gran ayuda para las diócesis más pobres»
También informó que, en resolución del 26 de abril de 2023, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, en uso de sus facultades, dio origen a los arzobispos y obispos que “han cesado en sus cargos por razones de edad o invalidez podrá solicitar, de manera particular, con una serie de requisitos, recibir el beneficio de la asignación prevista en la ley”.
De esta manera, a partir del 1 de enero de este año, los arzobispos y obispos dejaron de recibir la asignación del Estado, que hasta la fecha era de $98.000 según la CEA.
¿Cuál es el motivo de la renuncia a la contribución financiera?
Cuando se debatió la legalización del aborto en 2018, durante el Gobierno de Mauricio Macri, también se exigió la separación del Estado de la Iglesia, lo que implicó el retiro del aporte económico que recibía. la congregación. En este contexto, se inició un proceso para renunciar al aporte y se puso en marcha un plan para su completo autosostenimiento a partir del aporte de sus fieles.
Finalmente, la renuncia al aporte del Estado fue aprobada en un pleno de obispos en 2018 por mayoría, en la que se expresó: “Esta renuncia es un gesto que hemos anunciado al Pueblo de Dios y a la sociedad en general a quienes hemos comprometido la credibilidad de nuestra palabra”.
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