Los días 27 y 28 de julio se llevará a cabo en Cartagena, Colombia, la primera Cumbre de América Latina y el Caribe por una tributación global inclusiva, sostenible y equitativa, un cónclave ministerial que buscará definir y coordinar una acción conjunta en materia tributaria que facilite el intercambio de información y reducir la competencia fiscal para aumentar la recaudación en la región y, con estos recursos, enfrentar adecuadamente las numerosas crisis que asolan a los países.
Antes de la reunión, más de dos docenas de expertos de la ONU en derechos humanos* emitió este martes un comunicado en el que elogió la celebración del evento, que cuenta con el apoyo y asesoría de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
El grupo de relatores especiales señaló que la iniciativa regional tiene como objetivo «acordar normas fiscales comunes para combatir los flujos financieros ilícitos, la evasión y la elusión fiscaly otros problemas comunes, como el aumento de la pobreza, la desigualdad y la emergencia climática”.
Recaudación de impuestos por servicios públicos
En ese sentido, llamaron a los Estados a comprometerse con las negociaciones tributarias regionales para asegurar el máximo de los recursos disponibles para la tarea de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos a nivel nacional y extraterritorial, además de recaudar fondos suficientes para financiar servicios públicos de calidad. incluida la protección social, la educación y la salud, como es tu deber.
También instaron a los países a tener siempre en cuenta las cuestiones de género y promover el desarrollo inclusivo y sostenible.
Para los relatores, la participación de la CEPAL permitiría hacer de la Cumbre una plataforma permanente, transparente e incluyente para la toma de decisiones de cooperación tributaria regional.
Los expertos recordaron a los Estados y empresas sus obligaciones y responsabilidades de proteger y respetar los derechos humanos y afirmaron que la reunión es una oportunidad única para América Latina y el Caribe de fortalecer la coordinación en materia tributaria y aunar esfuerzos para que los Estados puedan cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos. abordar los impactos negativos de las empresas en los derechos humanos, fortalecer el acceso a bienes, equipamientos y servicios públicos de calidad, y prevenir y responder a la emergencia climática.
Lucha contra los paraísos fiscales
La declaración conjunta también hizo una serie de pedidos específicos a los Estados, entre los que se destaca luchar contra paraísos fiscales y flujos ilícitosasegurar que los sistemas judiciales los combatan y recuperar los bienes robados.
También instaron a los países a acordar impuestos verdes y emprender políticas fiscales coordinadas sobre combustibles fósiles, emisiones de carbono e impuestos a las industrias extractivas y minerales de transición, con el objetivo de maximizar los beneficios públicos de estos sectores.
También lucharon por garantizar la transparencia a través de la creación de registros reales de propiedad en todos los países, con acceso público, utilizando estándares aprobados y sin umbrales mínimos, como paso previo a la articulación de un registro regional de activos globales.
reforzar el rendición de cuentas a través de la participación pública en los procesos de toma de decisiones relacionado con la política tributaria es otro de los llamados de los expertos, así como fortalecer los mecanismos de coordinación de las negociaciones tributarias globales para lograr una mayor equidad en el sistema tributario mundial y promover la progresividad tributaria gravando las fortunas y las rentas de capital con el objetivo de evitar la competencia desleal y acercarse a la igualdad económica.
Los expertos que firmaron la declaración son: Attiya Waris, Experto Independiente sobre las consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno disfrute de todos los derechos humanos, especialmente los derechos económicos, sociales y culturales; Farida Shaheed, Relatora Especial sobre el derecho a la educación; Margaret Satterthwaite, Relatora Especial sobre la independencia de jueces y abogados; Irene Khan, Relatora Especial sobre libertad de opinión y expresión; Tomoya Obokata, Relator Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias; Ravindran Daniel (Presidente-Relator), Sorcha MacLeod, Jelena Aparac, Chris MA Kwaja, Carlos Salazar Couto, Grupo de Trabajo sobre el uso de mercenarios; Damilola Olawuyi (presidenta), Robert McCorquodale (vicepresidente), Fernanda Hopenhaym, Elżbieta Karska y Pichamon Yeophantong, Grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos; David Boyd, Relator Especial sobre derechos humanos y medio ambiente; Obiora Okafor, Experto Independiente en Derechos Humanos y Solidaridad Internacional; Surya Deva, Relator Especial sobre el derecho al desarrollo; Ian Fry, Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos en el contexto del cambio climático; Tlaleng Mofokeng, Relator Especial sobre el derecho de toda persona a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental; Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; Dorothy Estrada Tanck (presidenta), Ivana Radačić (vicepresidenta), Elizabeth Broderick, Melissa Upreti y Meskerem Geset Techane, Grupo de trabajo sobre discriminación contra mujeres y niñas; Alexandra Xanthaki, Relatora Especial en el campo de los derechos culturales; Michael Fakhri, Relator Especial sobre el derecho a la alimentación; Reem Alsalem, Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y consecuencias; Olivier De Schutter, Relator Especial sobre extrema pobreza y derechos humanos; Muluka-Anne Miti-Drummond, experta independiente sobre los derechos de las personas con albinismo.
* Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el organismo más grande de expertos independientes en el sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo del Consejo que abordan situaciones de países específicos o problemas temáticos en todas partes del mundo. Los expertos en Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.
