El Consejo Administrativo del Estado, la junta militar que actualmente gobierna Myanmar, (CAE) es ilegal e ilegítimo, declaró este martes el relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, Thomas Andrews.
Durante una conferencia de prensa en la sede de la ONU en Nueva York, copatrocinada por el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, Andrews hizo un llamado a la comunidad internacional negar la legitimidad del Consejo de la Administración del Estado, crear una coalición de Estados Miembros que aplique sanciones fuertes y coordinadas, y apoyar al Gobierno de Unidad Nacional, que tiene mayor legitimidad.
“Hace dos años, los militares derrocaron a un gobierno elegido democráticamente en un golpe inconstitucional”, explicó durante la presentación de su nuevo informe: ilegal e ilegítimo: Examinando la afirmación del ejército de Myanmar como gobierno de Myanmar y la respuesta internacional.
«La violencia implacable que desató sobre el pueblo de Myanmar ha creado una crisis generalizada de derechos humanos, humanitaria y económica y ha alimentado la oposición en todo el paíssi».
Sanciones y ayuda muy necesarias
«La conclusión es clara», dijo Andrews. “El golpe militar del (CAE) fue ilegal y su reclamo como el (actual) Gobierno de Myanmar es ilegítimo”. De hecho, es imperativo nueva respuesta internacional coordinada a la crisis antes de «elecciones ficticias”, continuó.
El ponente instó a todos los estados miembrosparticularmente aquellos que ya han impuesto costos en la junta»,iniciar un enfoque estratégico para fortalecer, coordinar e implementar sanciones económicas y un embargo de armas al CAE y proporcionar más ayuda humanitaria a los millones de personas que lo necesitan desesperadamente.
Durante el evento, el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral presentó su último documento que incluye puntos clave para la celebración de elecciones genuinamente democráticas en el nuevo contexto constitucional emergente, incluido el marco legal electoral, el registro de votantes y la resolución de disputas electorales. .
La situación ‘devastadora’ sobre el terreno
En una entrevista con Noticias ONU, la enviada especial del Secretario General para Myanmar, Noeleen Heyzer, describió la situación actual sobre el terreno. Citando informes recientes, afirmó que 17,5 millones de personas requieren ayuda humanitaria en 2023, frente a un millón que lo necesitaban antes de la toma del poder.
«El impacto tanto en el país como en la población ha sido devastador», dijo. “La gente sobre el terreno tiene muy claro que la crisis humanitaria se debe a una crisis política”.
Según el Banco Mundial, el 40% de la población vive por debajo de la línea de pobreza, señaló Heyzer. también Actualmente, 15,2 millones de personas padecen inseguridad alimentaria y más de 34.000 estructuras civiles han sido destruidas en los últimos dos años.
Una catástrofe humanitaria
“Es una catástrofe en términos de sufrimiento humano, y esto tiene implicaciones regionales e internacionales”, dijo el enviado especial.
Al señalar que la reciente adopción de la resolución 2669 (2022) del Consejo de Seguridad marcó la primera vez que el organismo reconoció a Myanmar desde su independencia, dijo que también reflejaba unidad y apoyo. reuniones internacionales sin precedentes sobre temas de extrema urgencia.
Llamada a la acción urgente
El Enviado Especial llamó a una mayor unidad y compromiso de la comunidad internacional en tres áreas clave: ampliar la entrega de ayuda humanitaria, establecer una posición común ante una posible convocatoria a elecciones por parte de los militares y tomar medidas para aumentar la protección de civiles en el país y refugiados en el resto de la región
«Es inconcebible que cualquier forma de transición pacífica y democrática pueda ser iniciada por quienes perpetran daños contra sus propios ciudadanos», dijo. “La violencia tiene que cesar, incluidos los bombardeos aéreos y la quema de infraestructura civil, junto con las continuas detenciones de líderes políticos, actores de la sociedad civil y periodistas por parte de los militares”.
