El parlamento español votó a favor de eliminar el término «discapacitado» y sustituirlo por «personas con discapacidad».
Es un cambio que desde hace tiempo es una demanda de las personas con discapacidad en España.
El jueves, por tercera vez en la historia del país, el parlamento votó a favor de enmendar la constitución. Los parlamentarios españoles cambiarán el texto del artículo 49, eliminando el término «discapacitado» y reemplazándolo por «personas con discapacidad». La enmienda también añade que “las administraciones públicas perseguirán políticas que garanticen la completa autonomía y la inclusión social de las personas con discapacidad”.
Los dos partidos más grandes, el gobernante Partido Socialista y el conservador Partido Popular, de oposición, aceptaron el cambio en un raro momento de consenso.
Un cambio semántico importante
La enmienda también fue respaldada por todos los demás partidos más pequeños representados en la cámara, excepto el partido de extrema derecha Vox. Fue aprobada por 312 votos contra 32. Requirió el apoyo de las tres quintas partes de la cámara baja del Parlamento y también debe ser aprobada por el Senado, con el mismo margen.
“Hoy es un gran día para nuestra democracia”, dijo el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien pidió perdón en nombre del país por haber tardado tanto en realizar el cambio.
«Estamos saldando una deuda moral que tenemos con más de 4 millones de nuestros conciudadanos», afirmó.
El uso del término «discapacitado» ha sido en gran medida peyorativo en muchos idiomas, reduciendo a una persona a esa condición y puede ser a la vez irrespetuoso y deshumanizante. Por otro lado, las «personas con discapacidad» dan prioridad a la identidad de la persona que padece una enfermedad.
Tercera enmienda desde 1978
Sólo se han realizado dos enmiendas previas a la Constitución española de 1978, que marcó el regreso a la democracia después de la dictadura del general Francisco Franco.
La primera enmienda, de 1992, permitió a los ciudadanos de otros estados miembros de la Unión Europea presentarse como candidatos en las elecciones municipales. El segundo, en 2011, fue cumplir las normas de la UE sobre déficit público en medio de la crisis de deuda de la eurozona.
Los socialistas y conservadores de España se han mostrado extremadamente cautelosos a la hora de enmendar la Constitución por temor a que partidos más pequeños puedan utilizar el proceso para realizar cambios más profundos a la monarquía constitucional o ayudar a las aspiraciones separatistas de las regiones de Cataluña y el País Vasco.
Un ejemplo es el orden de sucesión real, para cambiarlo del primogénito heredero varón del monarca a sólo el primogénito. A pesar de un consenso generalizado, los legisladores españoles no han hecho ningún intento creíble de modificar el orden de la Constitución, por temor a que los partidos republicanos de izquierda puedan impulsar un referéndum sobre el futuro de la monarquía.
La actual heredera al trono es la princesa Leonor, la mayor de las dos hijas del rey Felipe VI y la reina Letizia.
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