El Comité de Trabajadores Migratorios expresó su preocupación por el impacto en los derechos humanos del estado de emergencia establecido en El Salvador hace más de un año, recordando que si bien las pandillas que operan en el país representan un grave problema de seguridad, las modalidades del régimen de excepción limitan, entre muchas otras cosas, la labor de los defensores de las garantías fundamentales, las protestas sociales y espacios de diálogo, además de afectar las condiciones de detención de las personas privadas de libertad.
El Comité publicó un informe el jueves con los hallazgos y recomendaciones resultantes de su revisión periódica de El Salvador.
Al abordar su tema de especialidad, el Comité subrayó su preocupación por la acceso limitado a la justicia para los trabajadores migrantes y recomendó al país adoptar las medidas necesarias para garantizar el pleno goce de los derechos de estos trabajadores consagrados en los tratados internacionales de derechos humanos y los referidos a los trabajadores de los que es parte.
El informe indicó que el país no tiene un sistema unificado de datos relacionados con la migración capaz de brindar información basada en evidencia y actualizada en tiempo y forma, lo que dificulta el seguimiento y protección de los derechos de estas personas.
En este punto, recomendó a El Salvador establecer un sistema nacional unificado que recolecte información sobre la situación de los trabajadores migratorios y sus familias de manera sistemática, confiable y eficiente.
Sin política antixenófoba
El Comité también planteó la falta de políticas públicas o estrategias específicas «para combatir delitos de odio, violencia, xenofobia y discriminación contra los trabajadores migrantes y sus familias” y agregó que a pesar de que existen ciertos artículos en la legislación sobre igualdad de condiciones de las personas en el territorio, en la práctica existe un trato diferenciado para la población migrante, por lo que pidió al país hacer un esfuerzo para que Todos los trabajadores migratorios y sus familiares en su territorio o sujetos a su jurisdicción gocen de los derechos reconocidos en el derecho internacional sin ningún tipo de discriminación.
Por otra parte, detalló el limitado acceso a la justicia de los trabajadores migratorios, independientemente de su condición, por el desconocimiento de los recursos administrativos y judiciales a su disposición para presentar denuncias y obtener reparaciones efectivas, y por la desconfianza de autoridades nacionales. , dado que Con el estado de excepción, el gobierno otorgó a la Policía Nacional Civil y a las Fuerzas Armadas mayores facultades para el uso de la fuerza contra presuntos pandilleros, y el Poder Judicial más margen para señalarlos y procesarlos como posibles sospechosos.
Ante este escenario, llamó a facilitar el acceso a la justicia de todos los trabajadores migratorios y sus familias, eliminar las barreras para denunciar abusos y violaciones; así como el lanzamiento de campañas de información sobre los recursos administrativos y judiciales disponibles para denunciar y recibir reparaciones.
migrantes desaparecidos
En cuanto a los casos de migrantes desaparecidos, fallecidos o víctimas de delitos en los países de tránsito o destino, el Comité lamentó que las víctimas y sus familiares no hayan sido informados de los resultados de la investigación e insistió en que El Salvador debe fortalecer el acceso a justicia, incluidos los mecanismos de justicia transnacional, para los migrantes y sus familiares en casos de desaparición, muerte o sufrimiento por un delito, garantizando su derecho a la verdad y medidas de reparación.
El Comité señaló que en el país no existe la figura de la detención migratoria, sino la de “detención administrativa” y expresó su preocupación por las condiciones y la duración en que se usallamando a garantizar el derecho a la libertad de los migrantes en el marco de los procedimientos migratorios, y en su caso, adoptar alternativas a la detención administrativa en el marco del procedimiento de ingreso al país o de deportación o expulsión del territorio nacional.
También propuso que, si la detención migratoria fuera utilizada como medida excepcional, se garanticen condiciones adecuadas y dignas en los lugares donde se lleva a cabo, por el menor tiempo posible y en un lugar separado de quienes están siendo investigados penalmente.
