El acuerdo sobre la ley de amnistía entre el PSOE y Junts no termina de forjarse. Los posconvergentes continúan insistiendo que la norma no blinda lo suficiente a dirigentes como Carles Puigdemont, investigado por terrorismo en el caso del Tsunami Democràtic. Los socialistas, y con ellos ERC, señalan que la iniciativa no puede ir más allá sin entrar en el terreno inconstitucional, y en cualquier caso consideran que de la medida de gracia, tal y como está redactada, se beneficiarán todos los dirigentes independentistas, incluido el expresident de la Generalitat. Pero pasan los días y el pacto no llega, hasta el punto de que el partido de Pedro Sánchez ha decidido conceder más tiempo a una negociación que está siendo mucho más compleja de lo que se preveía en un primer momento.
Cuando los posconvergentes votaron a finales de enero en contra de la medida de gracia, el Congreso concedió 15 días a la comisión de Justicia para que intentara sellar un acuerdo que permitiese la aprobación de la ley. El plazo se cumple este miércoles, pero el organismo parlamentario, señalan varios de sus integrantes, no se reunirá al no haber sido convocado con 48 horas de antelación. Es decir, el plazo de negociación se ampliará otros 15 días.
Los socialistas ya solicitaron esta prórroga el sábado pasado. Dieron el paso, dijeron, para curarse en salud ante la posibilidad de que el pacto no se alcanzase este miércoles, que ahora ya es una certeza, en un escenario en el que Junts parece dispuesto a volver a llegar las conversaciones al límite. Las alarmas se han disparado en la Moncloa. No aprobar la amnistía supondría una severa derrota para el Gobierno y pondría en riesgo el desarrollo de la legislatura, ya que los posconvergentes son indispensables para todas y cada una de las votaciones en el Congreso, empezando por la ley más importante de todas: los Presupuestos Generales del Estado, que el Ejecutivo quiere presentar en cuanto tenga garantías de que serán aprobados.
Lo «impensable»
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“Va a haber acuerdo [sobre la amnistía]. Es inconcebible «Que no la hay», ha afirmado este martes en La Ser el vicepresidente primero del Gobierno. María Jesús Montero, tras insistir en que cualquier modificación a la ley que se haga vía enmiendas tiene que ser “constitucional”, algo que no sucedería si la norma, como defienden los posconvergentes, incluyera el terrorismo entre los delitos amnistables. “Hay que pasar página y este es un instrumento imprescindible”, concluyó el principal colaborador de Sánchez.
La nueva fecha marcada en el calendario para cerrar un acuerdo es el 7 de marzo. Este será el último día que la comisión de Justicia tiene para reunirse y aprobar un nuevo dictamen. No obstante, se podrá hacer en cualquier momento anterior. Después, fuentes parlamentarias explican que la proposición de ley podría debatirse la siguiente semana -del 11 al 15 de marzo- en el pleno del Congreso, informa Miguel Ángel Rodríguez. Si en este caso sí consigue la mayoría absoluta, la ley será enviada al Senado, donde el PP tiene previsto frenarla durante dos meses.
