Él Consejo Político Nacional de la Revolución Democrática (RD) solicitó a la Corte Suprema considerar la expulsión del ahora ex Seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, Carlos Contreras, y el representante de la Fundación Viva la Democracia y expresidente de la FECH daniel andrade.
En un comunicado difundido este miércoles, el consejo condenó «toda conducta de cualquier militante de nuestra comunidad» que esté de acuerdo con los principios de probidad y transparencia en la toma de decisiones en la función pública” y que supongan un evidente conflicto de intereses, más allá de la legalidad de los actos administrativos; porque entendemos el daño que estos hechos generan en la confianza de la ciudadanía”.
Estos actos están contemplados en el reglamento interno del bloque, que «previene la corrupción y sanciona las faltas a la ética» de los miembros que lo cometan «en su vida profesional, personal o política».
“Como Consejo Político Nacionalhemos llegado a la convicción de que ambas afiliadas involucradas en los acuerdos, firmado entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva, han violado nuestra normativa interna vigente. Por eso hemos decidido pedir al Tribunal Supremo que considere su expulsión; con base en nuestro reglamento interno, el cual fue creado para prevenir y atender este tipo de hechos”, señala la carta.
Por último, el RD seguirá «realizando esfuerzos para prevenir y detectar actos de corrupción y estamos disponibles para colaborar con cualquier tipo de investigación e inspección» que haya sobre el caso, con el fin de cumplir con «nuestra ética de partido, especialmente sobre la parte de nuestros representantes y funcionarios en cargos de confianza en el Gobierno».
Los tres convenios firmados por la Seremi de Vivienda y la fundación representada por el expresidente FECH y socio del diputado Pérez han dado lugar a una investigación de oficio por parte del fiscal regional de Antofagasta, Christian Aguilar Aranela, para aclarar si los acuerdos por un monto total de 426 millones de pesos constituyen o no un delito.
Por la misma razón, la parlamentaria del bloque suspendió su participación como vicepresidenta de la Cámara.
