diputado henry leal (UDI), presidente de la comisión investigadora que aborda las pensiones de gracia del estallido social, anunció su intención de solicitar al Gobierno que estos beneficios se revocan si corresponden a personas condenadas.
Lo anterior, después Ex ante revelado el día anterior a eso Andrés Fuica Fuica, sentenciado por saqueo de supermercado durante octubre de 2019es una de las 418 víctimas de actos cometidos por agentes del Estado que recibir esos fondos.
Además, los medios informaron que un decreto del Ministerio del Interior elevó la pensión de Fuica a 504.069 pesos mensuales.
Según las cifras comunicadas a la comisión de investigación en septiembre, otras 40 personas de los 418 beneficiarios han sido condenadas por distintos delitos, incluidos algunos cometidos durante el mismo estallido social.
La semana anterior a la votación del informe final de esa instancia, el diputado Leal consideró «inaceptable» este nuevo caso, recordando en Tercero que “hace unas semanas supimos que fue entregado a una persona que se encontraba prófugo de la Justicia (Juan Francisco Villalobos); ahora a una persona condenada por haber saqueado y hurtado un supermercado en el contexto del estallido social”.
«Creo que es fundamental que el Gobierno acepte lo que va a proponer la comisión, que es anular, dejar sin efecto las pensiones otorgadas a los condenados (…) La próxima semana se votará el informe en la Cámara y esperamos tener el apoyo mayoritario de los diputados.Esto es impresentable, no puede seguir pasando, hay que dejar sin efecto estas pensiones de gracia. El Gobierno puede hacerlo mediante otro decreto, invalidar una resolución anterior«dijo el sindicalista.
LA OPOSICIÓN ALEGA «POCA RIGUROSIDAD»
Su dupla amarilla coincidió con Leal Andrés Jouannetacusando que el beneficio concedido a Fuica «demuestra la falta de rigor, el amateurismo de este Gobierno, pero sobre todo que hay una mirada complaciente por parte de ciertos grupos marginales que ciertamente se mueven entre la delincuencia y el desorden público, y que en última instancia contamina mucho al gobierno«.
A su vez, el también miembro de la comisión Andres Longton (RN) afirmó que «el Ejecutivo no tiene excusas y debe dar explicaciones: actuar con rapidez, invalidar o revocar este beneficio, o enviar un proyecto de ley para revertir esta decisión», al tiempo que señaló que “Esta persona ni siquiera fue acreditada como víctima en el juicio que se estaba llevando a cabo”.
“Una persona con antecedentes penales, entre otros, por violencia doméstica, debería haber tenido una revisión más profunda, cosa que no ocurrió, como ocurrió con el indulto a Luis Castillo. A estas alturas parece que esta actuación del Gobierno es deliberada«, reprochó.
GOBIERNO BUSCA LEGISLAR SOBRE EL ASUNTO
El Ministro(s) del Interior, Manuel Monsalveanticipado en El Mercurio que respecto a estos casos, «hay un proyecto de ley en proceso «Estoy en el Congreso y tengo que ir la semana que viene a la Comisión de Desarrollo Social donde hay varias mociones», sesión en la que se ingresarán indicaciones «que buscan dos cosas que, con base en la experiencia histórica, nunca han sido consideradas».
«Uno es el obligación para las autoridades de tener antecedentes penales a la vista de personas antes de tomar la decisión de otorgar un beneficio como la pensión de gracia, y el segundo es la necesidad de revocarlos cuando la persona que fue objeto de ese beneficio cometa un delito o un delito y es condenado», explicó.
La autoridad reveló que este aspecto no está regulado por la ley: «Hay algunos decretos donde, sin certeza jurídica, eventualmente se podría considerar que si cambian las condiciones en las que se entregó el beneficio, la autoridad podría revocarlo, pero yo sólo puse Un dato: nunca en la historia se ha revocado una pensión por gracia. revocarlo requiere una seguridad jurídica que hoy no existe«, Él concluyó.
