El Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) sostenido que el Acuerdo de Escazú permite “avanzar” hacia sociedades más sostenibles.
“Al garantizar el derecho de las generaciones presentes y futuras a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible a través del acceso a la información, la participación y la justicia, este primer tratado ambiental en la región sienta las bases para cambios en los patrones de producción y consumo que ponen en el centro a las personas y la naturaleza”dijo el organismo regional dependiente de la ONU y con sede en Santiago.
En declaraciones con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachspreguntó «acelerar la transición hacia sociedades más productivas, inclusivas y sostenibles que reduzcan nuestra huella ambiental y que aceleren la economía circular como estrategia transversal para el desarrollo sostenible”.
“El Acuerdo de Escazú nos muestra el camino, ofreciendo herramientas para diseñar acciones colectivas ambientalmente sustentables que involucren a todos los actores de nuestra sociedad”, agregó.
¿QUÉ ES EL ACUERDO DE ESCAZÚ?
El Acuerdo de Escazú, cuyo nombre técnico es Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribees el primer tratado ambiental en América Latina y el único en el mundo que contiene disposiciones específicas sobre la protección de los activistas.
En vigor desde 2021, El pacto ha sido ratificado por los parlamentos de una docena de países, incluido Chile, aunque originalmente fue firmado por 24 naciones, incluido Chile.
A pesar de que América Latina aporta solo el 9% de las emisiones globales, es una de las regiones más vulnerables a los efectos de la crisis climática.
América Latina es también la zona más peligrosa del mundo para los defensores ambientales y donde existe mayor impunidad.
El año 2020 fue el más mortífero para los ambientalistas desde que hay registros y tres de cada cuatro ataques se produjeron en la región, según el último informe de la ONG Global Witness, en el que Colombia y México lideran las estadísticas.
