Los querellantes en la causa que investiga el presunto fraude fiscal en la compraventa de la Clínica Sierra Bella por parte de la Municipalidad de Santiago solicitaron el embargo forzoso -previo a una orden judicial- de los teléfonos de la alcaldesa Irací Hassler; del ex director de Asesoría Jurídica, pierre chiffelle y el Director de Salud, Beatriz Chamorro.
El abogado Sergio Rodríguez, representante de los diputados republicanos Juan Irarrázabal y Johannes Kaiser, solicitó al titular del Centro de Justicia y responsable de la investigación, patricio coopereso “se envía instrucción particular, previa autorización judicial al efecto, a la Brigada de Investigación de Delitos Cibernéticos del PDI para que pase a ser el Municipio de Santiago», informó El Mercurio.
La medida judicial tiene por objeto proceder a la incautación «del celular personal e institucional utilizado por el imputadoSra. Irací Hassler Jacob”.
“Pido que una vez realizados dichos decomisos, se obtiene copia (en programa) UFED de celulares; y una vez hecho, los correos electrónicos y los programas de mensajería son revisados y analizados socialobtener copia de los mismos y remitirlos al Ministerio Público de todas aquellas comunicaciones que tengan interés delictivo”, agregó el letrado.
El pedido al perseguidor se da en el marco del decomiso de computadoras y aparatos electrónicos realizado por la PDI en el municipio el pasado 18 de abril, donde a pesar de obtener gran parte de la evidencia requerida por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, la policía civil no podía tomar teléfonos celulares de las tres personas mencionadas.
Según un informe de la indagatoria, Hassler, Chiffelle y Chamorro «no se rindieron voluntariamente» y «dijeron que solo guardaban un celular»dice el periódico. A pesar de ello, una semana después del procedimiento, la municipalidad confirmó la existencia de un segundo celular institucional utilizado por la alcaldesa, contradiciendo así la primera versión y generando cuestionamientos por no entregarlo a la PDI.
TESIS DE UN «CONVENIO DELICTUAL»
En el documento entregado a Cooper, destacan que «la tesis de este denunciante es que hubo un acuerdo criminal para adquirir dichos terrenos a un precio casi cuatro veces superior a su valor comercial” por lo que el jefe comunal, en representación del municipio, celebró el contrato de venta de “dichos terrenos a un precio de 8.252 millones de pesos, causando perjuicios millonarios”.
El abogado subraya que «parte de ese plan criminal era la decisión de desguace de la adquisición de un inmueble en la calle Carmen a un valor sustancialmente inferior y cuyo proceso de valoración, oferta y negociación ya estaba avanzado, incluso con financiamiento municipal destinado para este fin”.
«En dicha propiedad, por una fracción muy menor del precio pactado en la citada compraventa, se pudo habilitar y operar un Centro de Salud Familiar municipal«, agrega la carta.
También establece que «los imputados rechazó -con falsas justificaciones- esa opción, en beneficio de las referidas tierras, Sin embargo, de acuerdo con la normativa aplicable, los municipios no pueden operar y administrar clínicas o centros de salud complejos”, siempre de acuerdo con el citado medio.
Finalmente, Rodríguez destacó la existencia de precios más bajos. Y que «en cuanto al valor real del terreno objeto del contrato de compraventa, las tasaciones fiscales de los inmuebles ascienden a la suma de 1.842.978.382 y 104.495.055 pesos, respectivamente”, valores según el avalúo fiscal de la comuna de Santiago.
