El Comité contra la Tortura presentó este viernes sus conclusiones sobre los esfuerzos de cinco países, incluidos Brasil y Colombia, respecto a la aplicación de las disposiciones de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
El relator del Comité, Erdogan Iscan, explicó que el grupo aprobó sus observaciones finales en virtud del artículo 19 de la Convención y las presentó en un informe que abarca el período comprendido entre el 14 de mayo de 2022 y el 12 de mayo de 2023.
Uso excesivo de la fuerza en Brasil
El presidente del Comité, Claude Heller, afirmó que había tomado nota de la voluntad política de las autoridades brasileñas para abordar cuestiones de derechos fundamentales y elogió la creación del Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía.
Sin embargo, expresó su profunda preocupación por la uso persistente de fuerza excesiva, especialmente fuerza letal, por parte de agentes del orden y militares en el contexto de operaciones de seguridad para combatir el crimen organizado. En concreto, se refirió a las graves violaciones de derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales, tortura, violencia sexual y palizas, perpetradas predominantemente contra los afrobrasileños durante las redadas en las favelas.
El grupo de expertos hizo un llamado al Estado a adoptar medidas urgentes para poner fin al uso excesivo de la fuerza y la fuerza letal por parte de las fuerzas del orden y militares e instó a diversas medidas:
- desmilitarizar las actividades de aplicación de la ley
- fortalecer los mecanismos de supervisión independientes con respecto a todas las entidades encargadas de hacer cumplir la ley
- garantizar que todas las denuncias de uso excesivo de la fuerza investigado con prontitud y de manera justa; que los presuntos responsables sean procesados y sancionados en proporción a la gravedad de sus actos en caso de ser declarados culpables, y que las víctimas o sus familiares reciban una reparación integral
En cuanto a los informes sobre la hacinamiento en prisionesel Comité solicitó a las autoridades brasileñas eliminarlo en todos los centros de detención, resolver las deficiencias relacionadas con las condiciones generales de vida en prisión y garantizar la continuidad del tratamiento médico en prisión.
También instó al Estado brasileño a revisar a fondo las leyes y prácticas existentes para abordar las causas profundas de la tasas desproporcionadas de encarcelamiento de afrobrasileñoscomo la vigilancia excesiva, la elaboración de perfiles raciales y la discriminación racial sistémica en las fuerzas del orden y otros órganos judiciales.
Protección de defensores de derechos humanos en Colombia
Respecto a Colombia, Heller dijo que si bien saluda el compromiso del país de implementar plenamente el Acuerdo de Paz de 2016, es preocupante la violencia cometida por actores armados no estatales y organizaciones criminales en diversas áreas.
En este sentido, el Comité llamó a las autoridades colombianas a redoblar sus esfuerzos para erradicar dicha violencia y adoptar un plan de acción para desmantelar organizaciones armadas ilegal que se ajusta a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.
El Comité también expresó su preocupación por las denuncias de actos de tortura, tanto física como psicológica, y de maltrato a manifestantes pacíficos, defensores de derechos humanos y periodistasademás de otras graves violaciones presuntamente cometidas por policías y miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios en las protestas pacíficas de 2021, e instó a Colombia a proceder con prontitud e investigar y juzgar esos casos.
Asimismo, instó a las autoridades a proteger a todas las personas defensoras de derechos fundamentales, líderes sociales y comunicadores de represalias o ataques en el ejercicio de sus actividades, investigar todos los asesinatos y agresiones en su contra y reforzar los mecanismos de protección existentes. En este punto, reconoció los esfuerzos en curso para formular un política integral dirigida a la prevención de riesgos que enfrentan estas personas.
Asimismo, expresó su preocupación por el hacinamiento y las condiciones generales de vida en los lugares de privación de libertad, y solicitó al Estado que adopte medidas urgentes al respecto.
Finalmente, alentó a las autoridades colombianas a completar el proceso de ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y establecer un organismo de control nacional independiente para prevenirlo.
