Marcelo ArayaGerente de Comunicaciones El Valledorprincipal mercado de abastecimiento de frutas y verduras de Santiago, realizó una mea culpa en medio de la intensa polémica por la decisión de prohibir el ingreso a aquellas personas que no cuenten con cédula de identidad chilena.
La medida, anunciada la semana pasada y que entró en vigor este lunes, fue criticada desde distintos sectores al considerarla «discriminatorio»ya que afecta a muchos migrantes en proceso de regularización que vienen a abastecerse para luego vender en diferentes ferias y negocios de la capital.
El inicio de la marcha blanca de esta restricción se vio empañado por el tiroteo ocurrido durante la mañana en el recinto Pedro Aguirre Cerda, donde una mujer de 54 años -de nacionalidad chilena- le arrebató el arma a un guardia e hirió a tres personas. .
«Acepto mi error personalmente, porque decidí usar ‘chilenos’ pensando que el documento, al final, lo establece el Registro Civil. Si me quieren tirar de las orejas por eso, pues no hay nada que hacer»dijo Araya luego de la reunión en La Moneda entre representantes de Lo Valledor y autoridades de Vega Central e Interior, para abordar medidas para fortalecer la seguridad en estos espacios con gran afluencia de público.
En la reunión se acordaron cuatro puntos, el primero de los cuales es especificar ¿Qué documento de identidad válido, tanto para chilenos como para extranjeros, se solicitará?lo cual vendrá de la mano con capacitaciones a los equipos de ambos mercados para que sepan qué se solicitará.
«Lo que estamos proponiendo es que haya un documento nacional válido o autorizado; y, dadas las circunstancias de lo que discutimos recientemente, «También tenemos que comprobar los pasaportes».explicó el portavoz de Lo Valledor.
«No estamos diciendo que los extranjeros no puedan entrar, al contrario, han contribuido y lo que esperamos es que estén debidamente documentados para realizar su ingreso. Nada más», añadió.
Los otros tres puntos acordados entre el Ejecutivo y los mercados son: adelantar el registro de extranjeros que trabajan y que buscan regularizar su situación; sumar las cámaras de seguridad que tienen Lo Valledor y La Vega a un piloto de monitoreo que mantiene el Gobierno en centros comerciales y municipios, con un nuevo sistema de vigilancia; y, avanzar en la instalación de detectores de metales, en el marco de la Ley de Seguridad Privada, que fue promulgada a mediados de marzo.
Todas estas medidas tendrán como fecha límite el 15 de mayo, cuando ambas partes se reunirán nuevamente para evaluar esta situación.
