El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU expresó hoy su preocupación por la supuesta violencia policial en Argentina, incluidos casos con víctimas mortales, que afecta de manera desproporcionada a pueblos indígenas, afrodescendientes y migrantes en casos de desalojos, protestas pacíficas y operativos contra el comercio callejero.
El grupo de expertos independientes también expresó su preocupación por la discriminación racial por parte de las fuerzas del orden y recomendó que la nación sudamericana tome medidas para prevenir la violencia policial y apruebe leyes que prohíban explícitamente la discriminación racial.
Garantizar el derecho a la propiedad de las tierras indígenas
El Comité también se mostró especialmente preocupado por la falta de legislación que garantice efectivamente la propiedad de las tierras comunitarias tradicionalmente habitadas por pueblos indígenas, junto con los constantes desalojos, e instó a Argentina a adoptar medidas legislativas y administrativas que garanticen el derecho de propiedad y establezcan mecanismos de propiedad sobre las mismas. tierras tradicionales.
El organismo también recomendó al Estado tomar las medidas necesarias para garantizar la aplicación de políticas públicas tendientes a garantizar la no discriminación y la protección de los derechos humanos de los afrodescendientes.
De igual forma, solicitó tomar las medidas necesarias para “prevenir, condenar y combatir los discursos de odio racial contra los pueblos indígenas, afrodescendientes, migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, incluyendo Internet y las redes sociales, así como las emitidas por figuras públicas como autoridades nacionales y provinciales.
Asimismo, expresó su preocupación por los presuntos abusos y violencia sexual contra mujeres y niñas indígenas, especialmente en el norte del país, como el caso de las mujeres y niñas wichí en Salta, y llamó a establecer medidas para prevenirlos. casos y su investigación.
defensor del pueblo
Al mismo tiempo, expresó su preocupación por la falta de un Defensor del Pueblo, vacante que no se cubre desde 2009, y que el proceso de selección para el cargo aún «no es lo suficientemente claro, transparente y participativo».
Por ello, instó al Estado parte a que intensifique sus esfuerzos para cubrir esta vacante y tome las medidas necesarias para garantizar que el proceso de selección y nombramiento del Defensor del Pueblo “sea lo suficientemente claro, transparente y participativo, asegurando que cumpla cabalmente con los principios relacionados con el estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos”.
El Comité «tomó nota» de la publicación del primer Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos (2017-2020), pero lamentó la falta de información sobre los resultados de su implementación, particularmente en materia de discriminación racial, por lo que solicitó difundir sus conclusiones, particularmente en los aspectos relacionados con el impacto en la lucha contra la discriminación racial, y que elabore y apruebe un nuevo Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos.
Asimismo, solicitó que se garantice la plena participación de los grupos «más expuestos» a la discriminación racial, en especial los pueblos indígenas, afrodescendientes, migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, así como en la elaboración, seguimiento y evaluación de los avances y resultado final de los planes antes mencionados.
