junio 17, 2024

Abogado Mario Vargas presentó este jueves un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de Santiago para impedir la Consejo de Defensa del Estado (CDE) accede a las más de 777.000 páginas contenidas en el informe en las que se transcribieron las conversaciones de WhatsApp de tu colega Luis Hermosillalos cuales actualmente sólo están en poder de la Fiscalía Metropolitana Oriente.

La carpeta se encuentra protegida y está siendo analizada por el Ministerio Público, que tiene a gran parte de las autoridades a la espera de su contenido.

Son conversaciones que el Ministro de Justicia, Luis Corderodijo que podrían transformarse en un «Caja de Pandora».

El objetivo del CDE es revisar dónde existen actos ilícitos para, eventualmente, presentar nuevas denuncias que involucren a funcionarios públicos.

En el recurso, que presentó a título personal, Vargas reconoce conversaciones con Hermosilla, que dice son en el ámbito de su vida privada: «Siendo así, es muy peligroso para todos nosotros vernos expuestos al ridículo público sin ningún motivo».afirmó el jurista, reveló Ciper este jueves por la noche.

El recurso sostiene que los chats entre ambos son «múltiples» y «Van desde cuestiones absolutamente personales, intercambio de opiniones, hasta situaciones de algunos clientes que defendimos conjuntamente».

«En ese orden de ideas, y sin que yo haya tenido conexión alguna con los demás participantes que participaron en la reunión que dio origen a la incautación del teléfono, el acceso a mis conversaciones privadas por parte del Ministerio Público y la consiguiente solicitud del Estado Consejo de Defensa, constituir actos ilícitos que perturban y amenazan, respectivamente, mis garantías constitucionales de igualdad ante la ley, la inviolabilidad de las comunicaciones privadas y mi derecho a la honra y a la intimidad, como se explicará más adelante«dijo el profesional.

Entre los clientes de Vargas en los últimos años se encuentran el exjefe de Inteligencia del Ejército, Schafik Nazal, policías acusados ​​de violaciones a los derechos humanos, el sacerdote John O’Reilly y el exdiputado de la UDI Gustavo Hasbún.

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