(Edición impresa). El Centro de Estudios y Proyectos Judiciales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba realizó la primera encuesta contextual y decisoria, luego de la reforma legal en materia Penal Juvenil finalizada a fines de 2021. Simultáneamente, desarrolló capacitaciones en «Gobierno de Datos» para los miembros de los tribunales de toda la provincia que trabajan en esta materia.
Los datos preliminares, según destaca el estudio, “permiten dar cuenta del cumplimiento del objetivo y el espíritu de la modificación legislativa”, que busca profundizar la tutela o medidas de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNyA) en conflicto con la ley penal.
Al identificar la problemática en el territorio provincial, se concluyó que Laboulaye, Villa María, Oliva y Morteros son las sedes judiciales con mayor número de niños, niñas y adolescentes con causas iniciadas por cada 10.000 habitantes (ver tabla). Mientras que la ciudad de Córdoba se ubicó en el octavo lugar de la provincia. Todas estas localidades, incluida la capital, están por encima de la media provincial (2,5%).
En concreto, nuestra ciudad mantiene un porcentaje del 4,8%, que se aleja del elevado valor obtenido en Laboulaye (8,1%) y la sitúa por encima de Oliva (4,6%) con una mínima diferencia.
Asimismo, dentro de los datos que destaca el informe, se pueden destacar otros aspectos llamativos como, por ejemplo, que las medidas privativas de libertad han disminuido en relación a los casos ingresados. En 2021 representaron el 19%, mientras que en 2022 bajaron al 12%. En la mayoría de los juzgados no se dictó ninguna medida de este tipo.
Asimismo, se acortó el plazo de privación de libertad. Mientras que en 2021 el 26% duró menos de 30 días, en 2022 esta proporción subió al 37%.
El informe también indica que en 2022 el porcentaje de niños, niñas y adolescentes con un nuevo procedimiento iniciado en el Sistema Penal Juvenil aumentó en un 26% con respecto a 2021.
Por otro lado, tres de cada 10 niños, niñas y adolescentes de la población analizada ya habían ingresado a la Justicia Penal Juvenil, o tenían otra investigación en curso.
Dentro de esta población existe una marcada diferencia en función del género. El 87% son hombres, mientras que el 12% restante son mujeres. Mientras tanto, la encuesta especificó que no se reportó ningún otro género.
Otro de los datos que destaca el informe es que apenas el 1% de la población encuestada carece de educación formal. La gran mayoría tiene secundaria incompleta, porcentaje que incluso muestra un ligero aumento con respecto al período anterior.
Un aspecto importante es que más de la mitad de los niños y adolescentes con información sobre esta variable consumen algún tipo de sustancia psicoactiva (cannabis, alcohol, cocaína, tabaco, pasta base, LSD).
Finalmente, desde el Centro de Estudios y Proyectos Judiciales mencionaron que el proceso de obtención y sistematización de los datos recabados se enmarca en la implementación del Registro Único de Indicadores en Materia Penal Juvenil de las judicaturas provinciales argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La iniciativa fue creada por la Junta Federal de Tribunales y Tribunales Superiores de Justicia (Jufejus) y su Instituto de Formación (Reflejar), a finales de 2020 y siguiendo los lineamientos de Unicef.
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