La Misión Internacional Independiente de Investigación* sobre la República Bolivariana de Venezuela manifestó hoy su profunda preocupación por las posibles implicaciones del proyecto de “Ley de control, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines”, aprobado en primera lectura por la Asamblea Nacional el 24 de enero.
Para la Misión, el nuevo reglamento impone requisitos adicionales para el funcionamiento y creación de organizaciones no gubernamentales y otras entidades sin fines de lucro, cuyo incumplimiento está sujeto a fuertes sanciones, incluida su disolución de oficio.
“De ser sancionada, la ley de ONG podría representar un punto de no retorno en el cierre del espacio cívico y democrático en Venezuela”, advirtió Marta Valiñas, presidenta de la Misión de Investigación de la ONU en un comunicado difundido este lunes.
Francisco Cox, experto de la Misión, afirmó que “la norma impondría a las ONG, existentes y en proceso de formación, un conjunto de requisitos formales tan onerosos que otorgaría al Estado facultades casi permanentes para suprimirlas”.
Y agregó: “La ley está claramente dirigida a limitar, no a facilitar, el ejercicio del derecho de asociación”.
Limitaciones a las ONG de derechos humanos
La Misión señaló que las ONG dedicadas a la promoción de los derechos humanos “enfrentan progresivamente más limitaciones en su funcionamiento, tanto legal como operativo, incluso en el aspecto clave del financiamiento”.
Y agrega que, sin acceso a los fondos de la cooperación internacional, muchas de estas organizaciones inevitablemente desaparecerán.
En un análisis preliminar de la Misión, varias disposiciones del proyecto de ley afectarían los derechos a la libertad de asociación y expresióncontenidas en los artículos 52 y 57 de la Constitución y en las normas internacionales de derechos humanos que vinculan a Venezuela.
Uno de los aspectos del proyecto que más preocupa son las facultades que le confiere al Ejecutivo Nacional, en especial la facultad de implementar mecanismos de control que permitan la supervisión y sanción de “desviaciones por parte de sujetos que comprometan la soberanía nacional” (artículo 13 ).
“Esto expone a las organizaciones a una vigilancia permanente, incluso a través de posibles controles policiales o de inteligencia”, afirma la Misión, que estima que, de esta manera, las organizaciones que recurren a organismos internacionales de derechos humanos o que reciben financiamiento externo podría estar expuesto a sanciones por supuestamente comprometer la soberanía nacional.
Dioximar Guevara vive con sus cinco hijos en San Félix, un barrio pobre de Puerto Ordaz, la principal ciudad de Bolívar, Venezuela.
Prohibición de actividades políticas
Otro aspecto que preocupa es la falta de precisión en la prohibición de realizar “actividades políticas” o que “atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República”, contenida en el artículo 15 del proyecto.
“Una interpretación amplia del concepto “actividades políticas”, que no está claramente definido en la ley, permite subsumir todo tipo de actividades de documentación, análisis y difusión de información sobre políticas y prácticas gubernamentales, incluso en el campo de los derechos humanos”, él dice. La misión.
Y añade que “esta prohibición Puede comprometer especialmente a las ONG dedicadas al control del espacio público y democráticolo cual es particularmente significativo para futuras elecciones”.
En el análisis de la Misión, el proyecto de ley forma parte de un patrón más amplio de restricciones al espacio cívico, a través de amenazas, ataques y detenciones arbitrarias contra defensores de derechos humanos, sindicalistas y periodistas, así como limitaciones al libre funcionamiento de organizaciones independientes y medios de comunicación.
*En septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Bolivariana de Venezuela (MIIV) a través de la resolución 42/25, para investigar las graves violaciones de derechos humanos cometidas desde 2014 A través de sus resoluciones 45/20 y 51/ El 29, el Consejo de Derechos Humanos extendió el mandato del MIIV por dos años más, hasta septiembre de 2024.
La Misión presentará un informe oral al Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2023 con una actualización de sus investigaciones, y presentará su informe en septiembre de 2023 en una sesión de diálogo interactivo del Consejo.
