Los manifestantes ratificaron la convocatoria a una marcha nacional para este jueves 11 de agosto, en la que pedirán la anulación de las «instrucciones» y que se haga el pago completo de las vacaciones.
El instructivo denominado “Proceso de Ajuste del Sistema de Remuneraciones de la Administración Pública, Convenios Colectivos, Cuadros Especiales y Empresas Estratégicas” proviene de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) adscrita al Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior.
Comenzó a aplicarse tras el aumento salarial de marzo de 2022, cuando entraron en vigor nuevos mecanismos para el cálculo de salarios, primas de antigüedad y profesionalización, entre otros beneficios que reciben los trabajadores de la administración pública.
En concreto, los trabajadores protestan porque consideran que esta norma reduce los porcentajes de las primas salariales y la aplicación como base para el cálculo del salario mínimo nacional, en sustitución del salario normal, tal como se venía percibiendo anteriormente.
Esta regulación se aplica a toda la administración pública. Los trabajadores afirman que en la práctica deroga parcialmente algunas cláusulas de los convenios colectivos sectoriales.
Los trabajadores de las universidades autónomas de Venezuela, Universidad Central de Venezuela (UCV), Universidad de Los Andes (ULA), Universidad de Carabobo (UC) y Universidad de Oriente (UDO), denunciaron que no han recibido el beneficio de la bono vacacional, cantidad que se debe pagar a principios de agosto para disfrutar de vacaciones colectivas.
El conflicto comenzó cuando la Onapre admitió que no estipulaba en su presupuesto anual el pago del bono vacacional, beneficio que tienen los docentes y trabajadores durante el mes de agosto y que varía según el cargo del empleado.
Al no estar presupuestado, docentes, empleados, obreros y demás trabajadores del sector público no han recibido el beneficio y además alegan que se disolvió la escala salarial, igualando así la remuneración percibida sin importar años de servicio o cargos.
Debido a las protestas que se han generado en más de 12 estados del país por la crisis universitaria, la dictadura de Maduro informó que está disponible para cancelar 10 días de vacaciones, de un total de 120 días por profesor. Esto fue rechazado por los sindicatos universitarios.
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