El domingo, los medios oficiales de Myanmar informaron que el ejército había ejecutado a cuatro personas, incluido el exdiputado de la Liga Nacional por la Democracia, Phyo Zeya Thaw, y el activista por la democracia Kyaw Min Yu. Hla Myo Aung y Aung Thura Zaw fueron los otros dos hombres ejecutados.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó enérgicamente estas ejecuciones, llevadas a cabo desafiando los reiterados llamamientos de las Naciones Unidas y la comunidad internacional para que no se ejecutaran las sentencias de muerte.
Michelle Bachelet expresó gran consternación por las muertes: “Este paso cruel y regresivo es una extensión de la actual campaña represiva de los militares contra su propio pueblo. Estas ejecuciones, las primeras en Myanmar en décadas, son crueles violaciones de los derechos a la vida, la libertad y la seguridad de una persona y las garantías de un juicio justo. Que los militares amplíen su masacre solo profundizará la crisis que ellos mismos han creado”, advirtió.
Asimismo, Bachelet llamó a la liberación inmediata de todos los presos políticos y demás personas detenidas arbitrariamente, e instó al país a restablecer su moratoria de facto sobre el uso de la pena de muerte como un paso hacia la abolición definitiva de ese castigo.
ONU/Jean-Marc Ferré
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, enmarcada en una cámara de televisión hablando en el Consejo de Derechos Humanos. Foto de archivo.
Condena del relator para Myanmar
Por su parte, el relator de la ONU* para Myanmar también ha pedido una respuesta internacional contundente tras las ejecuciones de los cuatro defensores de la democracia a manos de la junta militar. Thomas Andrews se declaró «indignado y devastado».
Los cuatro hombres ejecutados fueron declarados culpables de ayudar a llevar a cabo «actos terroristas» contra el ejército que tomó el poder en un golpe de estado el año pasado y desató una sangrienta represión contra los opositores. Las condenas se produjeron en juicios a puerta cerrada en enero y abril.
Violación de los derechos humanos
Las ejecuciones se llevaron a cabo a pesar de los pedidos de clemencia en todo el mundo.incluidos los de varios expertos en derechos humanos de la ONU y Camboya, que ocupa la presidencia rotatoria de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático.
Andrews condenó la decisión de llevar a cabo las ejecuciones cuando se anunciaron en junio. En un comunicado, dijo que los hombres fueron «juzgados, declarados culpables y sentenciados… sin derecho de apelación y, según los informes, sin representación legal, en violación del derecho internacional de los derechos humanos».
El relator pidió una «acción fuerte» de los estados miembros de la ONU contra «asesinatos generalizados y sistemáticos de manifestantes, ataques indiscriminados a pueblos enteros y ahora la ejecución de líderes de la oposición».
«El statu quo de la inacción internacional debe rechazarse con firmeza», agregó.
En junio, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, también pidió cargos «contra los detenidos condenados por actividades relacionadas con el ejercicio de sus libertades y derechos fundamentalesy que todos los presos políticos de Myanmar sean puestos en libertad de inmediato».
Noticias ONU
ARCHIVO: Thomas Andrews, Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar
Activistas destacados
Entre los ejecutados se encuentra Phyo Zeya Thaw, exdiputado del partido de la líder derrocada Aung San Suu Kyi, la Liga Nacional para la Democracia. También conocido como Maung Kyaw, fue condenado en enero por un tribunal militar por cargos de posesión de explosivos, atentados y financiación del terrorismo.
Phyo Zeya Thaw fue arrestado en noviembre pasado por disparar contra el personal de seguridad, dijeron los medios estatales en ese momento. También fue acusado de ser una figura clave en una red que llevó a cabo lo que los militares describieron como ataques terroristas en Yangon, la ciudad más grande del país.
El activista demócrata Kyaw Min Yu, más conocido como Ko Jimmy, también fue ejecutado por violar la ley antiterrorista. Fue uno de los líderes del Grupo Estudiantil de la Generación del 88, veteranos de un fallido levantamiento popular en 1988 contra el gobierno militar.
Ya había pasado más de una docena de años tras las rejas por activismo político antes de su arresto en Yangon en octubre pasado. Había sido incluido en una lista de personas buscadas por publicaciones en las redes sociales que supuestamente incitaban disturbios, y los medios estatales dijeron que estaba acusado de actos terroristas, incluidos ataques con minas terrestres, y de liderar un grupo llamado Operación Luz. de Luna para llevar a cabo ataques de guerrilla urbana.
Los otros dos, Hla Myo Aung y Aung Thura Zaw, fueron declarados culpables de torturar y matar a una mujer en marzo de 2021, a quien supuestamente creían que era una informante militar.
Primer uso de la pena capital
En general, se cree que la última ejecución judicial que tuvo lugar en Myanmar fue la de otro delincuente político, el líder estudiantil Salai Tin Maung Oo, en 1976, bajo un gobierno militar anterior encabezado por el dictador Ne Win.
En 2014, las sentencias de los presos en el corredor de la muerte fueron conmutadas por cadena perpetua, pero varias docenas de convictos recibieron sentencias de muerte entre entonces y el golpe del año pasado.
*Los relatores especiales de la ONU son parte del Procedimientos Especiales de Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el cuerpo más grande de expertos independientes en el sistema de Derechos Humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo para tratar situaciones específicas en países o temas en todo el mundo. el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.
