La Asamblea General de la ONU adoptó este jueves una resolución en la que declara el acceso a un medio ambiente sano y limpio como un derecho humano universal y llama a los Estados, organizaciones internacionales y empresas a redoblar esfuerzos para lograr un medio ambiente sano para todos.
Promovido por más de un centenar de países, el texto obtuvo 161 votos a favor y ocho abstenciones, al precisar que el derecho a un medio ambiente sano está relacionado con el derecho internacional vigente y afirmar que su promoción requiere la plena aplicación de los acuerdos ambientales multilaterales. .
La resolución también reconoce que el impacto del cambio climático, el manejo y uso insostenible de los recursos naturales, la contaminación del aire, la tierra y el agua, el manejo inadecuado de productos químicos y desechos, y la consecuente pérdida de biodiversidad interfieren con el disfrute de este derecho.
Asimismo, señala que el daño ambiental tiene implicaciones negativas, tanto directas como indirectas, para el goce efectivo de todos los derechos humanos.
El Secretario General António Guterres acogió con satisfacción el carácter histórico de la resolución y afirmó que demuestra que los países pueden unirse en la lucha colectiva contra la triple crisis planetaria del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación.
“La comunidad internacional ha dado reconocimiento universal a este derecho y nos ha acercado a hacerlo realidad para todos. La resolución ayudará a reducir las injusticias ambientales, cerrar las brechas de protección y empoderar a las personas, especialmente a aquellas en situaciones vulnerables, incluidos los defensores de los derechos humanos ambientales, los niños, los jóvenes, las mujeres y los pueblos. indígenas”, declaró Guterres.
© UNICEF/Francis Emorut
Una mujer que vive con el VIH recibe su medicación en un centro de salud de Uganda durante la pandemia de COVID-19.
La iniciativa internacional para la compra de medicamentos UNITAID anunció este jueves un acuerdo voluntario que permitirá acceder a un tratamiento genérico de bajo costo para prevenir el VIH.
Estos medicamentos estarán disponibles en países de ingresos bajos y medianos, donde ocurre la mayoría de las infecciones por el virus del SIDA. En total, se estima que el fármaco se distribuirá a 90 países donde se documentó el 70% de los nuevos seropositivos en 2020.
Las patentes publicadas están relacionadas con el fármaco de acción prolongada cabotegravir, una formulación inyectable para la prevención o la profilaxis previa a la exposición. Cabotegravir proporciona dos meses de protección contra la infección por VIH.
UNITAID señaló que, si bien los tratamientos preventivos son muy efectivos, hasta hace poco solo estaban disponibles en tabletas que se tomaban diariamente, y enfatizó que, en cambio, una inyección de cabotegravir proporciona dos meses de protección continua.
El acuerdo se produce un día después de que se publicara un informe sobre el sida que informaba de un estancamiento en la batalla contra la enfermedad debido al desvío de recursos de los sistemas de salud para controlar el COVID-19.
En 2021 hubo 1,5 millones de nuevas infecciones por el VIH, más de un millón de casos por encima del objetivo mundial de lucha contra el sida.
Experto insta a poner fin a los secuestros de defensores de derechos humanos en la frontera entre Estados Unidos y México
ACNUR/Daniel Dreifuss
Los solicitantes de asilo hacen cola en el refugio El Barretal en la ciudad fronteriza mexicana de Tijuana.
Lorenzo Ortiz es un pastor bautista que lleva más de cinco años asistiendo a migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México en una red de albergues en ambos países.
El 2 de junio, un cártel de tráfico de personas secuestró a Ortiz y a diez migrantes que albergaba.
El cártel lo acusó de reducir sus ganancias y negó que Ortiz ayudara a los migrantes de forma gratuita, y pidió $40,000 para liberarlo. Después del secuestro, las autoridades nacionales mexicanas, la sociedad civil y las comunidades locales presionaron a los secuestradores para que liberaran a Ortiz sin pagar un rescate.
El Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos*Mary Lawlor, advirtió que, a pesar de esta oportuna movilización, Ortiz continúa vigilado por los secuestradores, quienes visitan su albergue para migrantes y lo acosan para intimidarlo.
“Estoy profundamente preocupado por la situación de las personas defensoras de derechos humanos y migrantes en las regiones fronterizas de México. (…) El caso de Ortiz es emblemático del riesgo extraordinario que enfrentan quienes brindan apoyo básico en la región. Es una situación inaceptable”, dijo Lawlor.
El experto instó al gobierno mexicano a redoblar esfuerzos para enfrentar a los cárteles criminales en las comunidades fronterizas, y a tomar medidas urgentes para prevenir y reducir el riesgo inmediato de secuestro o agresiones físicas contra activistas como Lorenzo Ortiz y los migrantes que protege. .
Unos 50.000 migrantes regresan voluntariamente a sus países con apoyo de la OIM
OIM Guatemala/Melissa Vega
Centro de recepción de población retornada, ubicado cerca del aeropuerto de la Fuerza Aérea de Guatemala, en la Ciudad de Guatemala.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informó que 49.795 migrantes recibieron asistencia para su retorno voluntario a sus países de origen el año pasado.
La OIM apoyó estos retornos con más de 113.000 actividades de reintegración.
El total de retornados representó un aumento del 18% respecto a 2020, aunque la tendencia de los migrantes a regresar aún no recupera los niveles que alcanzaba antes de la pandemia.
*Los Relatores Especiales forman parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. los Procedimientos Especiales, el organismo más grande de expertos independientes en el sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo para abordar situaciones específicas de países o cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno y organización y actúan a título individual.
