Balance del programa que buscó acercar la Justicia a los vecinos

(Edición impresa). El viernes 2 de diciembre se reunieron en la localidad de Dique Chico los ejecutores del programa Referencias Judiciales Comunitarias, para cerrar la actividad 2022 y proyectar los retos del año venidero.

El programa estuvo a cargo de la Oficina de Gestión Estratégica y de Calidad, dependiente del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ), a cargo de Carolina Granja.

En la reunión estuvo presente el titular del TSJ, Sebastián López Peña, quien dijo que el programa tuvo “un origen genuino, que fue enmarcarnos en lo que son las políticas públicas de responsabilidad social, responsabilidad que tenemos como servidores públicos”.

desafíos

Verónica Igarzábal, funcionaria del Poder Judicial de Villa María e integrante de uno de los grupos de Referencias Judiciales Comunitarias (VM6-Empoderadas), dijo que el encuentro permitió un «análisis y puesta en común del trabajo realizado» y también el desarrollo de iniciativas para implementar los desafíos del próximo año.

«La idea es expandirlo para tratar de que se unan voluntarios de más lugares», dijo.

Valoró que se trata de un programa de “costo cero” para el Poder Judicial, ya que todos participan ad honorem y de preferencia fuera del horario laboral.

Al evaluar cada acción denominada “reto”, dijeron que el próximo año comenzarán con el mismo que iniciaron este año, que fue realizar encuentros con personas que participan en diferentes instituciones o que ocupan roles clave dentro de la sociedad, como miembros de ONG.

Otro de los retos también se ampliará el próximo año. Se llama “Derecho a la pizarra” y permitió en 2022 llegar a unos cinco mil estudiantes de todos los niveles con formación en derechos.

“Seguramente en 2023 el contacto con las instituciones educativas será aún más fluido y pensamos que se firmará un convenio con el Ministerio de Educación para agilizar estos encuentros”, dijo Igarzábal.

“Es tu derecho pedir a la Justicia” fue una de las que más exigencias impuso por ser el trato directo en espacios públicos con los vecinos. «Nos dimos cuenta en este intercambio de que en las comunidades más pequeñas se presentó más gente para hacer preguntas que en las ciudades más grandes», dijo. “Hacernos eco” fue otro de los retos que consistía en comunicar las acciones.

“Las manos justas” permitió un acercamiento a grupos vulnerables con el fin de dar a conocer los derechos que tienen. En este desafío se trabajó principalmente con adultos mayores y organizaciones sociales.

Inédito

“El programa Líderes Judiciales Comunitarios es inédito en América Latina, porque es la primera vez que el Poder Judicial sale a la calle”, dijo Igarzábal.

“Hubo más de mil voluntarios comprometidos con esta iniciativa”, dijo.

Finalmente, el entrevistado dijo que la receptividad de la población “ha sido de buena a muy buena, lo que nos da un incentivo para seguir trabajando”.

uno de los elegidos

El programa Referencias Judiciales Comunitarias fue uno de los 11 proyectos latinoamericanos seleccionados por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), para participar en un proceso de incubación, destinado a optimizar estas iniciativas y promover su implementación.

La ACIJ, en su programa “Acceso a la Justicia y apertura del Poder Judicial” y en el marco del curso “Justicia Abierta: herramientas conceptuales para un abordaje práctico”, seleccionó estos proyectos desarrollados por integrantes de la Justicia y la sociedad civil, quienes recibieron apoyo de especialistas para mejorar su diseño y promover su implementación.

Estos programas seleccionados recibieron mentorías asociadas a su diseño, la identificación de mejores prácticas en Justicia Abierta (para lograr una mayor transparencia, incorporación de la participación ciudadana o rendición de cuentas), el análisis de desafíos institucionales y la elaboración de un plan de implementación, informado desde el asociación.